El Ministerio de Educación Nacional presentó el balance del Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre 2022 y 2026, periodo en el que el presupuesto alcanzó cifras históricas, pero dejó al descubierto una paradoja: pese al incremento de los recursos, decenas de entidades territoriales redujeron el número de estudiantes atendidos. El informe, divulgado por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), abrió un debate sobre la ejecución local de los dineros destinados a garantizar este servicio esencial.
Según el reporte oficial, el presupuesto del PAE pasó de $4,33 billones en 2022 a $7,24 billones proyectados para 2026, lo que representa $2,91 billones adicionales, equivalente a un crecimiento del 67 %. A su vez, las transferencias del Gobierno Nacional aumentaron en 190 %, al subir de $1,53 billones a cerca de $3 billones durante el mismo periodo, reforzando la financiación del programa en todo el país.
Pese a este fortalecimiento financiero, la cobertura disminuyó. El país pasó de atender 5,9 millones de estudiantes en 2022 a 5,6 millones en 2025, es decir, 253.360 beneficiarios menos, regresando a niveles similares a los registrados antes de la pandemia. La reducción encendió alertas en el Ministerio, que cuestiona por qué el aumento de recursos no se tradujo en mayor atención.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, planteó interrogantes sobre la ejecución territorial del programa, señalando que el reto ya no es presupuestal sino de gestión. El funcionario enfatizó que los recursos están garantizados y que corresponde a gobernaciones y alcaldías convertirlos en cobertura real, contratación oportuna y operación eficiente que impacte directamente a los estudiantes.
El análisis también evidenció un aumento en el costo promedio de las raciones, que creció cerca del 35 % durante el periodo evaluado, incluso en un contexto de desaceleración de la inflación de alimentos. El Ministerio citó casos específicos donde los incrementos fueron más pronunciados, lo que plantea interrogantes sobre eficiencia, estructura de costos y procesos contractuales en algunos territorios.
De las 97 entidades territoriales certificadas en educación, 55 registraron disminuciones en la cobertura del programa. Entre los mayores retrocesos se encuentran Villavicencio, con una caída del 43 %, Atlántico con 36 %, Huila con 25 %, Neiva con 24 % y Envigado con 22 %, lo que refleja diferencias significativas en la capacidad de ejecución regional.
El departamento del Magdalena fue señalado como uno de los casos más representativos: aunque los recursos aumentaron en más de $44 mil millones entre 2022 y 2025, el número de estudiantes atendidos pasó de 138.368 a 133.203. Para las autoridades nacionales, estos datos muestran que el incremento presupuestal no siempre se traduce automáticamente en mayor cobertura si no hay planeación, seguimiento y control.
No obstante, el informe también destacó territorios donde la gestión permitió ampliar la atención. Bello incrementó su cobertura en 82,99 %, seguido de Maicao con 55,04 %, Guainía con 51,94 % y Facatativá con 45,64 %, ejemplos que, según la UApA, demuestran que sí es posible crecer cuando hay ejecución adecuada y continuidad operativa.
De cara a 2026, el Gobierno anunció que la asignación de recursos estará condicionada a resultados medibles en cobertura. La estrategia, denominada Pacto por la Universalidad del PAE, busca que los territorios presenten planes de ampliación del servicio y que la financiación se ajuste según el cumplimiento de metas, con seguimiento permanente durante el calendario escolar.
