Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Junior Omar Patiño Moncada, alias El Sobrino, señalado de participar en un ataque armado que dejó cuatro personas muertas y dos más heridas el 1 de agosto de 2025 en el parque Lineal del barrio Latino, en Cúcuta, Norte de Santander.
La decisión se adoptó tras la imputación realizada por una fiscal especializada de la Seccional Norte de Santander, quien le atribuyó los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el día de los hechos un hombre descendió de un taxi y disparó contra un grupo de personas que se encontraba en el parque. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar con apoyo logístico que habría sido coordinado previamente.
Según los elementos materiales probatorios recopilados por la brigada de homicidios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Patiño Moncada habría recogido al presunto sicario cerca del lugar del crimen y lo habría trasladado hasta un punto donde lo esperaba otro vehículo para facilitar su escape.
Las autoridades también señalan que alias El Sobrino estaría implicado en la planeación y logística del ataque, presuntamente coordinando movimientos y apoyos previos a la acción armada. Estos hallazgos hacen parte del acervo probatorio presentado ante la judicatura.
Con esta decisión judicial, ya son tres las personas vinculadas formalmente al caso. En noviembre de 2025 fueron asegurados Felipe Molina Pérez, alias Mechas, y Óscar Fernando Barbosa Ríos, alias Nando o El Taxista, quienes también habrían tenido participación en los hechos.
La Fiscalía indicó que el proceso investigativo continúa con el fin de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existen otros posibles responsables. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar en la judicialización de quienes estén involucrados en hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana.
Este caso, que generó conmoción en la capital nortesantandereana, sigue bajo investigación mientras las víctimas y sus familias esperan que se establezcan responsabilidades penales y se garantice el acceso a la justicia.
