La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y Asocajas enviaron una comunicación formal al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, solicitando ajustes técnicos y una implementación progresiva de la Circular 044 de 2025, que establece el reporte obligatorio en MIPRES de los medicamentos ambulatorios financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
En el documento, los gremios reconocen que la medida fortalece la trazabilidad de la prescripción, mejora el control del gasto y aporta transparencia al sistema. Sin embargo, advierten que, sin interoperabilidad plena entre MIPRES y los sistemas de historia clínica electrónica, la implementación podría generar impactos operativos significativos sobre la calidad y oportunidad de la atención.
Uno de los principales reparos es el incremento en la carga administrativa sobre el profesional de salud. Según el análisis técnico remitido al Ministerio, una consulta ambulatoria implica la prescripción promedio de entre dos y cinco medicamentos, especialmente en pacientes crónicos o con multimorbilidad. El registro en MIPRES puede tomar entre 2,5 y 3 minutos por medicamento, lo que, sumado a la digitación en el sistema clínico institucional, amplía sustancialmente la duración de la consulta.
Los gremios advierten que, de mantenerse este escenario, la capacidad diaria de atención podría reducirse en más del 30 %, particularmente en especialidades con déficit de oferta. Esto podría traducirse en mayores tiempos de espera y presión sobre la red de prestación.
También alertan sobre la ausencia de funcionalidades clínicas integradas en MIPRES, como alertas de interacciones, duplicidades o errores de dosis, que sí están incorporadas en muchos sistemas de historia clínica. La doble digitación, además, incrementa el riesgo de inconsistencias entre la información clínica y el reporte administrativo.
En materia tecnológica, ANDI, ACEMI y Asocajas señalaron episodios recurrentes de intermitencia e indisponibilidad de la plataforma, lo que activa protocolos de contingencia que trasladan reprocesos a EPS e IPS y puede retrasar la emisión efectiva de la orden de dispensación.
Ante este panorama, los gremios plantean diez solicitudes concretas al Ministerio, entre ellas: interoperabilidad prioritaria con HIS y sistemas de aseguradores y gestores farmacéuticos; fortalecimiento del ambiente de pruebas y certificación; metas públicas de disponibilidad y tiempos de respuesta; simplificación del flujo operativo; incorporación de alertas mínimas de seguridad del paciente; y habilitación de consulta de estado para los usuarios.
Además, proponen un piloto controlado con despliegue gradual por territorios o categorías de prestadores, con un periodo de transición no inferior a tres meses y una implementación progresiva posterior de hasta nueve meses, una vez garantizadas estabilidad tecnológica e interoperabilidad.
El mensaje de los gremios al ministro Jaramillo es enfático: la trazabilidad y el control son necesarios, pero su implementación no puede traducirse en mayores barreras administrativas ni afectar la continuidad terapéutica de los pacientes. El reto ahora está en lograr que la herramienta fortalezca el sistema sin tensionar el acto médico ni el acceso efectivo a los medicamentos.
Sección
Salud
