La Alcaldía de Bogotá suspendió temporalmente áreas de cirugía, hospitalización y consulta de una clínica veterinaria en Suba, tras ser identificada como presunta responsable de arrojar residuos biosanitarios en vía pública. Entre los desechos hallados había agujas, jeringas, gasas con sangre y guantes, elementos que representan riesgos para la salud humana, animal y ambiental en una zona de tránsito frecuente de peatones.
El hallazgo se produjo luego de un reporte del operador de aseo, que detectó los residuos el 19 de enero. A partir de la alerta, las secretarías de Ambiente y Salud, la UAESP, el IDPYBA y la Alcaldía Local realizaron inspecciones que permitieron ubicar el establecimiento señalado. Las autoridades calificaron la situación como una infracción grave a la normatividad ambiental y sanitaria vigente.
La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, señaló que la disposición de este tipo de residuos en espacio público expone a la ciudadanía, a animales domésticos y a fauna silvestre a riesgos biológicos. Indicó que la clínica no podrá retomar actividades en las áreas selladas hasta demostrar un manejo adecuado de los residuos peligrosos, incluyendo almacenamiento, transporte y entrega a un gestor autorizado.
Desde la UAESP recordaron que cualquier entidad generadora de residuos peligrosos es responsable de toda la cadena de gestión, desde la segregación interna hasta la disposición final. Las autoridades reiteraron que estos desechos no pueden mezclarse con basura ordinaria y requieren protocolos específicos, trazabilidad documental y operadores certificados para evitar afectaciones a la salud pública y al ambiente.
La Secretaría de Salud activó equipos de Vigilancia de la Salud Ambiental para evaluar posibles riesgos sanitarios derivados del hallazgo. El subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández, afirmó que se aplicarán las medidas correspondientes para proteger a la comunidad y que continuarán las acciones de inspección, vigilancia y control a generadores de residuos peligrosos en la ciudad.
En la primera inspección, la Policía impuso un comparendo tipo III, de acuerdo con el Código Nacional de Policía, por comportamientos que afectan la convivencia. Paralelamente, la Secretaría de Ambiente impuso el sellamiento el 26 de enero. Los responsables podrían enfrentar multas ambientales de hasta 100.000 salarios mínimos, dependiendo del avance del proceso administrativo sancionatorio.
Durante el procedimiento, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal garantizó la atención de seis animales que se encontraban hospitalizados. La clínica recibió un plazo de tres días para reubicarlos en otros centros o devolverlos a sus familias. El IDPYBA destacó que el bienestar animal también implica prevenir la exposición a residuos peligrosos en entornos urbanos.
La medida se mantendrá hasta que el establecimiento demuestre cumplimiento pleno de la normativa. La Alcaldía hizo un llamado a comercios y ciudadanos a disponer correctamente los residuos y denunciar casos similares a través de la Línea 195, opción 8, o el 123. Las autoridades anunciaron que continuarán operativos en sectores con reportes ciudadanos.
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