La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico aprobó la Resolución 1027 de 2026, mediante la cual se establece un régimen transitorio para el servicio público de aseo en Bogotá. La decisión da cumplimiento al Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucional y desarrolla lo ordenado en la Sentencia T-724 de 2003, con el objetivo de proteger a la población de recicladores de oficio y garantizar que las tarifas del servicio reflejen costos reales, salvaguardando los derechos de los usuarios del sistema en la capital del país.
La resolución define un régimen excepcional y exclusivo para Bogotá, que permite ampliar el plazo de las áreas de servicio exclusivo por un término superior a ocho años. Esta medida busca asegurar la continuidad de acciones afirmativas a favor de los recicladores y recicladoras de oficio, garantizando su acceso cierto y seguro a los residuos sólidos ordinarios y aprovechables. El esquema pretende dar estabilidad a un modelo que reconoce el rol social y ambiental de esta población dentro del sistema de gestión integral de residuos de la ciudad.
El régimen transitorio aprobado también tiene como eje central la protección de los derechos de los suscriptores y usuarios del servicio público de aseo. La CRA explicó que la medida apunta a evitar distorsiones tarifarias y a asegurar que los cobros correspondan a costos reales y eficientes del servicio, en coherencia con los principios establecidos en la Ley 142 de 1994. De esta manera, se busca un equilibrio entre sostenibilidad financiera del sistema, calidad del servicio y justicia tarifaria para los hogares y comercios de la capital.
Uno de los elementos clave de la resolución es el reconocimiento de las acciones afirmativas como un mandato constitucional y no como una medida transitoria aislada. La ampliación de las áreas de servicio exclusivo permitirá mantener esquemas que faciliten la inclusión de los recicladores en la cadena del aprovechamiento, evitando retrocesos en derechos ya adquiridos y garantizando condiciones mínimas de estabilidad económica y operativa para organizaciones de recicladores que dependen de este acceso para su subsistencia.
La CRA destacó que esta decisión no implica un cheque en blanco para los operadores del servicio de aseo. Por el contrario, el régimen transitorio estará sujeto a seguimiento, control y evaluación permanente, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, la eficiencia en la prestación del servicio y el respeto por los derechos tanto de los recicladores como de los usuarios. La medida se concibe como un instrumento regulatorio excepcional, ajustado a un contexto jurídico específico.
El proceso que condujo a la expedición de la Resolución 1027 de 2026 fue resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno nacional y el Distrito Capital. Según lo informado, este esfuerzo conjunto permitió dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional, integrando criterios técnicos, jurídicos y sociales en la construcción del régimen transitorio, y asegurando que la regulación responda a las particularidades del sistema de aseo de Bogotá y a su impacto sobre poblaciones históricamente vulnerables.
Durante todo el proceso, la Procuraduría General de la Nación acompañó de manera permanente las actuaciones institucionales, en su rol de garante del cumplimiento de las decisiones judiciales y de la protección del interés público. Este acompañamiento buscó asegurar que la implementación del régimen transitorio se ajuste al marco constitucional y legal, y que las medidas adoptadas no desconozcan los derechos fundamentales involucrados en la prestación del servicio.
Con la aprobación de esta resolución, Bogotá entra en una nueva etapa regulatoria en materia de aseo, marcada por la búsqueda de un equilibrio entre inclusión social, sostenibilidad ambiental y justicia económica. El régimen transitorio se perfila como una herramienta para consolidar avances en la protección de los recicladores de oficio, fortalecer la confianza de los usuarios en el sistema tarifario y cumplir las órdenes constitucionales, mientras se construyen soluciones de largo plazo para la gestión integral de residuos en la ciudad.
