El asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, ocurrido en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, generó un pronunciamiento de rechazo desde la dirección de la Policía, que calificó el hecho como un ataque que vulnera la vida y la dignidad humana. El uniformado fue víctima de un homicidio fuera del servicio, en un contexto familiar que ha generado especial conmoción institucional.
En el mismo hecho resultó gravemente agredido su hijo, un bebé de 10 meses de edad, situación que ha sido señalada por la institución como un límite inaceptable de violencia. Las autoridades subrayaron que se trató de un acto cometido en un entorno doméstico, lejos de operativos o acciones policiales, lo que agrava la gravedad del crimen y amplifica su impacto humano.
Desde la dirección policial se expresó indignación y dolor por lo ocurrido, enfatizando que ningún argumento puede justificar un acto de esta naturaleza. El pronunciamiento destacó que la vida es un valor superior que debe ser protegido en cualquier circunstancia, y que los hechos reflejan un desprecio absoluto por principios básicos de convivencia y respeto por la integridad de las personas.
La institución informó que brinda acompañamiento integral a la familia del patrullero, con apoyo psicológico, jurídico y social. El respaldo se extiende a los allegados del uniformado, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes. El caso ha sido priorizado por las autoridades investigativas con el propósito de identificar y judicializar a los responsables de manera oportuna.
Las autoridades reiteraron que el homicidio de un integrante de la Fuerza Pública, especialmente en un contexto ajeno al servicio, constituye un hecho que impacta no solo a la institución, sino también a la seguridad ciudadana. Se indicó que se mantendrán las acciones de búsqueda y persecución penal contra los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía.
Según cifras oficiales mencionadas en el pronunciamiento, en lo corrido de 2026 cinco policías han sido asesinados en diferentes regiones del país. Estos casos han sido presentados como una preocupación institucional, en tanto reflejan riesgos persistentes para los uniformados y la necesidad de fortalecer estrategias de protección y judicialización frente a hechos de violencia.
El mensaje institucional subrayó que el sacrificio de los policías fallecidos no debe ser en vano y que se mantendrá el compromiso de garantizar justicia. También se hizo un llamado a la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia y a respaldar las acciones legales orientadas a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables conforme a la ley.
Finalmente, la Policía reiteró su determinación de continuar cumpliendo sus funciones constitucionales y de acompañar a las familias de los uniformados afectados por hechos violentos. El caso de Jamundí se suma a los desafíos de seguridad en varias regiones, en un contexto donde las autoridades buscan frenar las agresiones contra servidores públicos y proteger a la población civil.
