La Procuraduría General de la Nación requirió nuevamente a la Nueva EPS para que cumpla de manera inmediata y efectiva con el plan de contingencia destinado a garantizar la entrega oportuna de medicamentos a sus usuarios en todo el país. El llamado se produce ante el aumento sostenido de quejas ciudadanas relacionadas con fallas en la distribución y dispensación de medicinas, situación que ha generado afectaciones directas en tratamientos, continuidad terapéutica y calidad de vida de miles de afiliados, especialmente en regiones con alta demanda y limitada capacidad operativa del sistema de salud actualmente.
El Ministerio Público advirtió que las fallas persistentes en la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS evidencian debilidades estructurales en la implementación del plan denominado “Estrategia de atención en Contingencia por Transición de Gestor Farmacéutico”. Según la Procuraduría, este escenario exige la adopción de medidas inmediatas, contundentes y verificables, orientadas a restablecer el flujo regular de medicinas, prevenir interrupciones en tratamientos crónicos y garantizar el derecho fundamental a la salud de la población afiliada en condiciones de oportunidad, accesibilidad, continuidad y calidad, conforme a los estándares constitucionales y legales vigentes hoy.
Con el objetivo de proteger a los usuarios del sistema, la Procuraduría realizó una revisión exhaustiva del plan de contingencia presentado por la EPS, encontrando vacíos relevantes en su formulación y ejecución. En ese sentido, exhortó a la entidad a realizar ajustes urgentes relacionados con la claridad del objetivo estratégico, el detalle específico de las acciones en cada departamento, la identificación de la población afectada y la definición precisa del modelo de atención. Estas observaciones buscan corregir deficiencias que, de mantenerse, podrían agravar la crisis de abastecimiento y profundizar el impacto negativo en los usuarios más vulnerables del sistema nacional de salud.
El ente de control también solicitó fortalecer la matriz de riesgos incluida en la estrategia, de manera que permita anticipar escenarios críticos, establecer responsables claros y definir acciones de mitigación efectivas. Para la Procuraduría, la ausencia de un análisis de riesgos robusto limita la capacidad de respuesta institucional frente a contingencias logísticas, contractuales y operativas, generando incertidumbre en la prestación del servicio farmacéutico. Por ello, insistió en que el plan debe ser un instrumento dinámico, con seguimiento permanente, indicadores medibles y mecanismos de evaluación que garanticen resultados reales y sostenibles en el tiempo para los afiliados.
En consecuencia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió formalmente a los servidores de la Nueva EPS para que informen, de manera detallada, los avances y soportes de las acciones previstas dentro de la estrategia actualmente en ejecución. Este requerimiento busca verificar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos, así como evitar la repetición de episodios de intermitencia e interrupción en el reparto de medicamentos y tratamientos, que afectan directamente la salud y la confianza de los usuarios en el sistema de aseguramiento.
El Ministerio Público enfatizó que la entrega oportuna de medicamentos no puede entenderse como un asunto administrativo secundario, sino como un componente esencial del derecho fundamental a la salud. La falta de acceso a medicinas, advirtió la Procuraduría, puede derivar en el agravamiento de enfermedades, hospitalizaciones evitables y riesgos para la vida de los pacientes. Por ello, reiteró que las EPS tienen la obligación legal y ética de garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o en condiciones de especial protección constitucional.
Asimismo, la Procuraduría recordó que el contexto de transición de gestor farmacéutico no exime a la Nueva EPS de su responsabilidad frente a los usuarios. Por el contrario, este proceso exige mayores niveles de planeación, coordinación y control para evitar impactos negativos en la prestación del servicio. El ente de control insistió en que cualquier ajuste operativo debe estar orientado al bienestar del usuario y no puede traducirse en demoras, desabastecimientos o barreras adicionales de acceso a los medicamentos prescritos por los profesionales de la salud.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá un seguimiento permanente a la situación y no descarta la adopción de medidas adicionales en caso de persistir los incumplimientos. El objetivo, señaló, es garantizar que la Nueva EPS adopte correctivos inmediatos y estructurales que permitan restablecer la normalidad en la entrega de medicamentos. Con este nuevo requerimiento, el Ministerio Público reafirma su compromiso de defensa de los derechos de los usuarios y de vigilancia estricta al cumplimiento de las obligaciones del sistema de salud colombiano.
