Una operación coordinada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional asestó un golpe significativo contra la minería ilegal en el sur del Tolima, específicamente en el municipio de Chaparral. La acción, enfocada en frenar la explotación ilícita de yacimientos, permitió inutilizar maquinaria clave utilizada para la extracción irregular de minerales, afectando de forma directa las economías criminales que se sostienen de esta actividad en zonas rurales.
El operativo se desarrolló en las veredas Amoyá y Santa Rosa, territorios donde las autoridades habían identificado movimientos asociados a la minería ilegal. Allí se realizó la destrucción controlada de equipos empleados para estas labores, en una intervención que hace parte de las estrategias del Estado para debilitar las fuentes de financiación de estructuras armadas organizadas que mantienen presencia e influencia en esta región del país.
De acuerdo con información oficial, la operación permitió inutilizar siete excavadoras, tres motores industriales, una draga, una planta eléctrica y una motobomba. Estos elementos eran utilizados de manera sistemática para la remoción de material y el procesamiento ilícito de minerales. La afectación económica derivada de la acción fue estimada en aproximadamente 5.700 millones de pesos, impacto que reduce la capacidad operativa de las redes ilegales vinculadas.
Las autoridades señalaron que esta actividad ilegal estaba asociada al Grupo Armado Organizado Residual, GAO-r, del Frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo. Estas estructuras obtenían recursos mediante el cobro extorsivo a explotadores ilegales, con pagos mensuales que, según estimaciones, oscilaban entre cinco y ocho millones de pesos por cada máquina en funcionamiento dentro de las zonas intervenidas.
Más allá del impacto financiero, la operación tuvo un componente ambiental relevante. Las labores de minería ilegal implicaban el uso y vertimiento de sustancias contaminantes como mercurio, cianuro, combustibles y aceites, que terminaban en fuentes hídricas cercanas. Con la inutilización de la maquinaria, se busca frenar el deterioro de ecosistemas estratégicos y reducir los riesgos para el río y los suelos de esta parte del Tolima.
La intervención hace parte de un esfuerzo interinstitucional que combina acciones operativas, inteligencia y coordinación entre diferentes entidades del Estado. El objetivo no solo es desarticular economías ilícitas, sino también disminuir la presión que estos grupos ejercen sobre las comunidades rurales, que suelen quedar atrapadas entre la necesidad económica y las amenazas de organizaciones que controlan actividades ilegales en sus territorios.
Autoridades destacaron que la minería ilegal no solo financia estructuras armadas, sino que genera conflictos sociales, afecta la seguridad y debilita la gobernabilidad local. Por ello, este tipo de operaciones buscan restablecer el control institucional, enviar un mensaje de presencia del Estado y abrir la puerta a procesos de recuperación ambiental y desarrollo legal que ofrezcan alternativas económicas sostenibles para la población.
Las fuerzas involucradas reiteraron que las operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos continuarán de manera sostenida en el sur del Tolima y otras regiones afectadas. La meta es proteger los recursos naturales, reducir las fuentes de financiación ilegal y fortalecer la seguridad de las comunidades, en un contexto donde la lucha contra las economías criminales sigue siendo un eje central de la acción estatal.
