El Ministerio de Transporte advirtió que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional no constituye, por sí solo, una justificación válida para trasladar a los usuarios un aumento de 350 pesos en la tarifa de TransMilenio. Según la cartera, este ajuste representa un incremento del 10,9 %, superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tradicionalmente, el IPC ha sido un referente clave en los análisis tarifarios del transporte público urbano. El señalamiento abre un debate técnico y fiscal de alto impacto. La tarifa vuelve al centro de la discusión pública. El usuario es el eje del análisis.
El Ministerio precisó que los costos laborales son solo una de las variables estructurales del sistema. Por ello, cualquier ajuste tarifario debe sustentarse en un análisis integral y no en factores aislados. Este estudio debe diferenciar qué componentes se indexan al IPC y cuáles al salario mínimo. Además, debe evaluar su interacción con otros elementos clave. Entre ellos se encuentran la eficiencia operativa y la gestión contractual. El enfoque debe ser técnico y completo. La tarifa no puede definirse de manera automática.
La entidad recalcó que un aumento del salario mínimo, considerado de forma independiente, no habilita el traslado inmediato y total del costo a los usuarios. Para ello se requiere un análisis técnico y financiero riguroso. Dicho análisis debe estar debidamente sustentado y documentado. También debe considerar el impacto sobre la demanda del sistema. El transporte público es un servicio esencial. Cualquier decisión afecta a millones de ciudadanos. La responsabilidad fiscal es determinante.
De acuerdo con el marco normativo vigente, la facultad de fijar las tarifas del transporte público urbano corresponde a los entes territoriales. Esta atribución se ejerce con base en análisis técnicos, operativos y financieros propios. No obstante, el Ministerio de Transporte cuenta con competencia técnica para revisar y conceptuar sobre la razonabilidad de los incrementos. Esta facultad cobra especial relevancia cuando los ajustes impactan de forma significativa a los usuarios. El control técnico es un mecanismo de equilibrio. La Nación tiene un rol histórico en el sistema.
El Ministerio recordó que el Gobierno Nacional ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal de TransMilenio. Este antecedente refuerza la legitimidad de su intervención técnica. En ese contexto, se destaca la reciente aprobación del convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha. Aunque este acuerdo no define directamente la tarifa, sí tiene efectos futuros. En particular, sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Esto obliga a decisiones responsables.
Desde la cartera se insistió en que cualquier modificación tarifaria debe ser coherente con la sostenibilidad fiscal del sistema. El impacto sobre el FET es un elemento que no puede ser ignorado. Las decisiones de hoy condicionan el equilibrio financiero de mañana. Por ello, se requiere una visión de mediano y largo plazo. El análisis no puede ser parcial. La sostenibilidad del sistema está en juego. El usuario no debe asumir cargas desproporcionadas.
En este escenario, el Ministerio de Transporte, junto con la Superintendencia de Transporte, solicitará a TransMilenio S.A. el desglose detallado del análisis técnico que sustenta el incremento tarifario. La solicitud incluirá la diferenciación de costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes relevantes. El propósito es evaluar la proporcionalidad del ajuste. También su coherencia técnica y financiera. El control será exhaustivo.
Finalmente, el Ministerio reiteró que su actuación busca garantizar la protección del interés general y de los usuarios del sistema. El objetivo no es frenar decisiones locales, sino asegurar que estén técnicamente justificadas. La tarifa del transporte público tiene un impacto social directo. Por ello, debe definirse con criterios de equidad y transparencia. El debate seguirá abierto. La movilidad requiere decisiones responsables. El usuario debe estar en el centro de la política pública.
