El Ministerio TIC culminó la fase de consulta del proyecto de decreto que busca fortalecer y modernizar el servicio postal de pago en Colombia, como parte de su estrategia para reducir brechas sociales y digitales. La iniciativa apunta a ampliar el acceso a servicios financieros básicos en zonas donde la conectividad y la inclusión digital siguen siendo limitadas, aprovechando la infraestructura del sector postal para acercar soluciones seguras a comunidades rurales y apartadas.
Durante la etapa de consulta pública, el proyecto recibió 144 comentarios de actores del sector, lo que evidencia el interés institucional y empresarial en la transformación de estos servicios. El objetivo central es ampliar el acceso a modalidades como Giro de Pago, Giro de Depósito y Transferencia Postal, especialmente en territorios donde la población enfrenta barreras para usar servicios financieros digitales, ya sea por falta de conectividad, dispositivos o formación tecnológica adecuada.
De forma paralela, el Ministerio TIC adelanta mesas técnicas interinstitucionales e intersectoriales con distintas entidades del Estado y representantes del sector. Estos espacios buscan ajustar la regulación para que su implementación tenga un impacto real en la inclusión digital. La intención es que la normativa no se limite a cambios formales, sino que se traduzca en mejores condiciones de acceso a servicios financieros y digitales para poblaciones históricamente excluidas.
La ministra TIC, Carina Murcia, señaló que el proceso se ha desarrollado con diálogo permanente con entidades como la Superintendencia Financiera y gremios del sector postal. Según la funcionaria, el propósito es construir una regulación que genere oportunidades y acompañe la transformación digital del país, manteniendo abiertos los canales de conversación con distintos actores para fortalecer la propuesta normativa y su aplicación en los territorios.
Datos de la Canasta Básica TIC y del Índice de Pobreza Digital muestran que en varios departamentos el costo de acceso a internet fijo supera ampliamente el promedio nacional. En algunos casos, este valor puede ser hasta 3,6 veces mayor, lo que limita el uso de servicios digitales. A ello se suman la falta de dispositivos y de competencias tecnológicas, factores que profundizan las brechas y afectan especialmente a quienes viven en zonas rurales.
En este contexto, los servicios postales de pago adquieren relevancia estratégica. Con más de 52.000 puntos de atención y cobertura entre el 98% y el 100% de municipios, veredas y corregimientos, la red postal tiene una presencia territorial que supera a muchas otras infraestructuras. Esta capilaridad permite llevar servicios financieros y de pago a lugares donde otras alternativas no llegan, convirtiéndose en un canal clave para la inclusión.
La reglamentación propuesta busca aprovechar esa red para ofrecer servicios de pago seguros, bajo el marco normativo vigente y con trazabilidad de las operaciones. Se trata de fortalecer la confianza de los usuarios, garantizar controles y facilitar que más personas puedan enviar, recibir o gestionar recursos económicos a través de canales formales, sin depender exclusivamente de plataformas digitales a las que no siempre pueden acceder.
Con esta modernización, el Gobierno impulsa un sector postal articulado con la transformación digital, capaz de servir tanto a zonas urbanas como rurales. La apuesta es que la infraestructura existente se convierta en aliada de la inclusión social, económica y digital, permitiendo que más ciudadanos accedan a servicios esenciales y reduciendo las desigualdades en el acceso a oportunidades en todo el territorio nacional.
