El Ministerio de Defensa Nacional informó que, tras conocer el 13 de enero de 2026 las denuncias públicas sobre presuntos seguimientos ilegales al ministro de Justicia encargado, activó de inmediato todos los mecanismos institucionales dentro de sus competencias. Desde ese momento expresó solidaridad con el funcionario y articuló acciones con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y demás autoridades competentes, con el propósito de esclarecer los hechos y garantizar que, de existir responsabilidades, estas sean establecidas conforme a la ley y al debido proceso, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia institucional.
Ese mismo día, el Ministerio convocó una Junta Extraordinaria de Inteligencia Conjunta, presidida por el ministro de Defensa, con participación del Comandante General de las Fuerzas Militares, los comandantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el director de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y los jefes de inteligencia y contrainteligencia. En esta sesión se impartieron instrucciones precisas para verificar los hechos denunciados dentro del marco legal y para facilitar de manera oportuna toda la información requerida por los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación.
Como parte de las decisiones adoptadas, se ordenó la realización de inspecciones internas en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, únicas entidades del sector defensa con funciones de inteligencia y contrainteligencia. Estas inspecciones se desarrollaron entre el 13 y el 15 de enero de 2026, focalizadas exclusivamente en los hechos denunciados, con el objetivo de establecer si existió alguna actuación irregular y de garantizar que las actividades institucionales se ajusten estrictamente a la Constitución, la ley y los controles judiciales y administrativos vigentes en Colombia.
Uno de los principales hallazgos preliminares fue la confirmación de que ninguna entidad del sector defensa posee ni utiliza el software Pegasus. El Ministerio de Defensa fue categórico al señalar que dicho sistema no hace parte de sus capacidades tecnológicas, descartando así cualquier vínculo institucional con el uso de ese tipo de herramientas para actividades de seguimiento o interceptación, en concordancia con la normativa que regula las labores de inteligencia y contrainteligencia en el país y con los principios de legalidad y control democrático.
Respecto a un documento divulgado en medios y redes sociales sobre una supuesta misión de trabajo para actividades de inteligencia, el Ministerio aclaró que este no fue expedido, autorizado ni suscrito por la entidad, y que no corresponde a ningún acto administrativo o directriz oficial. Según la verificación realizada, el documento presenta inconsistencias formales, técnicas y sustanciales incompatibles con los protocolos institucionales, por lo que la información difundida fue calificada como falsa y ajena al sector defensa.
El Ministerio también negó de manera categórica que se hayan emitido órdenes ilegales de seguimiento y aclaró que el suboficial mencionado en las denuncias no cumple funciones de inteligencia ni contrainteligencia. Precisó que su labor se desarrolla desde hace más de tres años en el Grupo de Seguridad del Ministerio, con tareas limitadas a la coordinación de capacidades para la protección de personas en riesgo por razón de su cargo, descartando cualquier vínculo con estructuras o misiones de contrainteligencia militar.
La entidad destacó que el sector defensa se ha consolidado como referente regional en transparencia y lucha contra la corrupción, reconocimiento respaldado por organismos multilaterales. Señaló que estos resultados obedecen a esfuerzos sostenidos como el fortalecimiento tecnológico, la promoción de la denuncia, el impulso a una cultura de integridad y la creación de instancias internas de control, acciones orientadas a preservar la confianza ciudadana y a garantizar el uso responsable de las capacidades institucionales.
Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró su compromiso con el respeto irrestricto al debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de los derechos fundamentales. Invitó a cualquier persona que cuente con información relevante a ponerla en conocimiento de las autoridades competentes y recordó que está habilitada la línea anticorrupción 157, con absoluta reserva, reiterando que la verdad y la justicia son pilares esenciales para la defensa de la Nación.
