La Fiscalía General de la Nación judicializó a Julián Andrés Ramírez Pérez, alias “El Flaco”, por su presunta participación en la planeación de un atentado terrorista que pretendía ejecutarse en el centro de Bogotá el 3 de junio de 2025. El hombre fue presentado ante una juez penal de control de garantías, señalado de coordinar acciones destinadas a afectar la seguridad ciudadana mediante el uso de explosivos. El caso se enmarca en investigaciones prioritarias de la Fiscalía relacionadas con terrorismo urbano y redes criminales que operan en distintas localidades de la capital colombiana, con impactos potenciales de alto riesgo para la población civil.
Según la investigación, Ramírez Pérez habría participado directamente en el traslado y entrega de una bomba tipo lapa, oculta en una maleta, hasta una cafetería ubicada en la localidad de Teusaquillo. En ese lugar, junto con una mujer, habría entregado el artefacto a un adolescente, a quien presuntamente le dio instrucciones precisas para ubicarlo sobre un vehículo que se desplazaría por el sector. La Fiscalía sostiene que el plan contemplaba aprovechar la circulación cotidiana en la zona para maximizar el impacto del ataque y generar pánico en un área de alta afluencia de personas durante horas diurnas.
Los elementos materiales probatorios recaudados indican que el atentado no se concretó debido a la presencia de unidades de la Policía Nacional en la vía pública. Esta situación habría llevado al menor de edad a desistir de instalar el explosivo en el sitio señalado. Para los investigadores, este hecho fue determinante para evitar una posible tragedia, al impedir la activación del artefacto en un entorno urbano densamente transitado. La Fiscalía destacó que la reacción preventiva del adolescente, sumada al control policial, frustró la ejecución de la acción criminal planeada.
Las autoridades también establecieron que Ramírez Pérez presuntamente haría parte de una red delincuencial dedicada a múltiples actividades ilícitas en Bogotá. Entre estas se incluyen homicidios bajo la modalidad de sicariato y la venta de estupefacientes al menudeo, así como otras conductas criminales desarrolladas en distintos sectores de la ciudad. Esta estructura, según la investigación, operaría de manera articulada y con división de roles, lo que le permitiría ejecutar acciones violentas y sostener economías ilegales, incrementando los riesgos para la seguridad urbana y la convivencia ciudadana en varias localidades.
Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá imputó a Ramírez Pérez los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Durante la audiencia, los cargos no fueron aceptados por el procesado. No obstante, la Fiscalía consideró que el material probatorio presentado permite sustentar su presunta responsabilidad en la planeación del atentado y en la pertenencia a una organización criminal de carácter violento.
Este proceso judicial corresponde a la segunda persona vinculada formalmente por la planeación de esta acción terrorista. El 20 de noviembre de 2025 fue judicializada Katherine Andrea Martínez Martínez, quien permanece privada de la libertad. Según las autoridades, su situación jurídica se relaciona con investigaciones de alto impacto, incluida su posible responsabilidad en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un caso que continúa bajo investigación y que ha generado amplio interés público y político en el país.
La Fiscalía reiteró que estos resultados hacen parte de una estrategia integral para desarticular estructuras criminales con capacidad de ejecutar atentados terroristas en zonas urbanas. El trabajo articulado entre fiscales, investigadores y autoridades policiales ha permitido avanzar en la identificación de responsables, la judicialización de implicados y la prevención de hechos violentos. Para el ente acusador, la anticipación y la recolección oportuna de pruebas son claves para neutralizar planes que buscan generar terror y desestabilizar la seguridad en la capital.
Finalmente, la Fiscalía General de la Nación señaló que continuará fortaleciendo las investigaciones relacionadas con terrorismo, homicidios y crimen organizado en Bogotá y otras ciudades del país. El objetivo es evitar que organizaciones delincuenciales utilicen a menores de edad, artefactos explosivos o economías ilegales para ejecutar acciones violentas. La entidad reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y el esclarecimiento de hechos que representen amenazas graves para el orden público y la estabilidad institucional en Colombia.
