En medio del debate por el impacto del aumento del salario mínimo en distintos sectores de la economía, el Gobierno nacional decidió intervenir para blindar a las familias que buscan acceder a una vivienda de interés social (VIS) frente a incrementos desproporcionados en los precios. La medida apunta a garantizar estabilidad, reglas claras y mayor transparencia en el mercado inmobiliario.
El anuncio se da a través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidades que avanzan de manera coordinada para reforzar la protección de los derechos de los consumidores y asegurar que la información entregada en los proyectos de vivienda sea clara, suficiente y oportuna.
En ese contexto, el Ministerio de Vivienda publicó para comentarios ciudadanos un proyecto de decreto que busca armonizar el precio máximo de la VIS, fijándolo en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo central es evitar que los precios de estas viviendas se disparen de forma automática por el aumento anual del salario mínimo, afectando la planeación financiera de los hogares.
La iniciativa deja claro que no se trata de un control de precios. Por el contrario, el enfoque está en proteger a los compradores, reafirmando que el valor total de la vivienda debe pactarse desde el inicio en pesos colombianos y no quedar sujeto a indexaciones automáticas atadas al salario mínimo, una práctica que ha generado distorsiones y confusión en el mercado.
Con esta medida, se busca frenar aumentos abruptos como los que podrían derivarse del incremento del salario mínimo del 23 % para 2026, permitiendo únicamente ajustes razonables asociados a la evolución real de los costos de construcción y siempre respetando lo acordado desde la separación del inmueble, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.
El proyecto también pone el foco sobre prácticas que vulneran los derechos de los consumidores, como no fijar el precio final en pesos, aplazar la firma de contratos para trasladar incrementos futuros o incluir cláusulas que generen desequilibrios injustificados en perjuicio del comprador. Estas conductas, advierten las autoridades, pueden constituir infracciones a la normativa de protección al consumidor.
Desde la SIC se enfatiza que publicar precios de vivienda en salarios mínimos u otras unidades distintas a la moneda legal puede inducir a error, al no reflejar con precisión el valor real del inmueble ni permitir comparaciones transparentes entre proyectos. La información sobre precios, recuerdan, debe ser comprensible, verificable y coherente con lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor.
Como mensaje clave a la ciudadanía, las entidades reiteran que el precio informado en pesos colombianos es el único exigible, que no puede modificarse por el simple paso del tiempo y que cualquier cláusula abusiva en contratos de adhesión es ineficaz de pleno derecho. La invitación final es a informarse, exigir claridad y ejercer los derechos durante todo el proceso de compra de vivienda nueva.
Con este paso, el Gobierno busca enviar una señal de confianza al mercado y a las familias, fortaleciendo la seguridad jurídica y cerrando la puerta a prácticas que ponen en riesgo el acceso a la vivienda digna, uno de los pilares del bienestar social en el país.
