El Gobierno nacional activó un conjunto de medidas excepcionales para blindar el sistema eléctrico y garantizar la continuidad del servicio en todo el país. A través del decreto legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se establecieron acciones temporales orientadas a asegurar una prestación segura y confiable de la energía eléctrica. La decisión responde a riesgos acumulados en el sector y prioriza territorios históricamente vulnerables, como la región Caribe, sin afectar tarifas ni alterar el funcionamiento del mercado eléctrico nacional.
El decreto se fundamenta en la existencia de una perturbación grave e inminente del sistema eléctrico, derivada de factores financieros, operativos y estructurales acumulados durante años. Según el Gobierno, esta situación ha deteriorado la liquidez de varios agentes del mercado, poniendo en riesgo la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional. La falta de soluciones estructurales oportunas llevó a un escenario donde los mecanismos ordinarios resultaron insuficientes, obligando al Estado a adoptar instrumentos excepcionales para evitar interrupciones del servicio que podrían impactar a millones de hogares y sectores productivos del país.
Entre las medidas adoptadas se incluye la creación de una contribución parafiscal transitoria y un aporte solidario en energía por parte de algunas empresas del sector eléctrico. Estos recursos tendrán destinación específica para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, instrumento legal diseñado para respaldar empresas intervenidas. El objetivo central es prevenir fallas financieras que puedan traducirse en apagones, garantizando la continuidad del servicio mientras se estabiliza la situación del sector eléctrico nacional.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que el decreto no modifica el modelo del sector ni representa una acción contra las empresas eléctricas. Según explicó, se trata de una medida orientada a proteger el sistema frente a la falta de decisiones oportunas del pasado. El funcionario advirtió que el riesgo sistémico era real y que, de no intervenir, millones de colombianos podrían enfrentar interrupciones en el suministro de energía, con impactos directos en la economía y en la vida cotidiana.
Palma subrayó que las medidas son excepcionales y estrictamente temporales, y recalcó que no tendrán impacto alguno en las tarifas de los usuarios. El decreto, afirmó, no se traslada a la factura, no altera el despacho económico ni modifica las reglas de formación de precios del mercado. La intención es proteger tanto a los usuarios como a las empresas del sector, evitando que una crisis financiera acumulada termine afectando la prestación de un servicio público esencial para el desarrollo social y económico del país.
El ministro también recordó que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos. En ese sentido, explicó que cuando un servicio esencial se encuentra en riesgo, la inacción no es una opción. Las medidas adoptadas, señaló, responden a un principio de solidaridad temporal, diseñado para evitar un daño permanente al sistema eléctrico y a la economía nacional, mientras se avanza en soluciones de fondo que permitan superar las debilidades estructurales identificadas.
Desde el Gobierno se reiteró que el decreto cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad exigidos para este tipo de instrumentos excepcionales. Su vigencia está limitada estrictamente al periodo de la Emergencia Económica, y su aplicación será objeto de seguimiento institucional. Paralelamente, las autoridades trabajan en el diseño de soluciones estructurales que permitan fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa del sector eléctrico en el mediano y largo plazo, evitando la repetición de crisis similares.
Con estas decisiones, el Ejecutivo busca garantizar que ningún colombiano se quede sin energía por fallas financieras acumuladas durante años. La prioridad, según el Gobierno, es proteger a la población y preservar la estabilidad del sistema eléctrico como pilar del desarrollo nacional. Mientras se implementan las medidas temporales, el Estado avanza en reformas estructurales orientadas a consolidar un sector eléctrico sólido, sostenible y capaz de responder a las demandas actuales y futuras del país.
