La Fiscalía General de la Nación adicionó nuevos hechos a la imputación contra tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos sin la idoneidad requerida en la ciudad de Medellín. La decisión se adoptó en audiencia de adición de imputación, en la cual las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta participación en los hechos atribuidos. El caso revela una práctica sistemática y clandestina. Las autoridades advierten graves riesgos para la salud pública. La investigación continúa en curso. El impacto sobre las víctimas es significativo.
Las imputadas fueron identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo. Según la Fiscalía, habrían participado en cirugías estéticas realizadas en quirófanos improvisados. Estos espacios funcionaban en viviendas de barrios como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. Las intervenciones se efectuaban sin condiciones mínimas de higiene y salubridad. El esquema se movía entre sectores para evadir controles. La clandestinidad fue una constante. La práctica carecía de respaldo médico.
Durante la audiencia, las procesadas aceptaron cargos por concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas. La Fiscalía sustentó la imputación con material probatorio recaudado por una fiscal de la Seccional Medellín. Los hechos investigados se habrían cometido entre abril de 2023 y mayo de 2024. El patrón delictivo se repitió en múltiples casos. Las víctimas eran captadas de manera sistemática. El daño se acumuló con el tiempo.
La investigación estableció que las mujeres eran contactadas principalmente a través de redes sociales. Allí se les ofrecía un procedimiento denominado “lipólisis láser con transferencia glútea”. Las imputadas, al parecer, participaban directamente en distintas fases de las intervenciones. Entre sus labores estarían la administración de medicamentos y la aplicación de anestesia local. También realizaban atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos. Ninguna contaba con la formación médica requerida. El engaño fue parte del método.
El material probatorio permitió establecer que, ante la aparición de complicaciones médicas, los procedimientos eran trasladados a otros barrios. Esta rotación buscaba eludir reclamos y controles. Las víctimas acudían a los lugares para reportar afectaciones y encontraban un nuevo punto de operación. La Fiscalía documentó este comportamiento reiterado. La práctica incrementó los riesgos para las pacientes. La ausencia de seguimiento médico agravó las lesiones. El esquema operaba con plena conciencia del daño.
Según la Fiscalía, al menos 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos. Más de 40 mujeres sufrieron lesiones de consideración tras las intervenciones. Entre las secuelas reportadas se encuentran deformidades, limitaciones funcionales y dolores crónicos. También se registraron otras complicaciones físicas de largo plazo. El impacto en la calidad de vida de las víctimas es profundo. Los daños son, en muchos casos, irreversibles. La investigación prioriza su reparación.
Las tres mujeres permanecen privadas de la libertad en establecimiento carcelario desde octubre de 2025. La medida busca evitar la reiteración de la conducta y garantizar el proceso judicial. La Fiscalía resaltó la gravedad de los hechos imputados. La aceptación de cargos fue considerada dentro del proceso. Sin embargo, no exime de responsabilidad penal. El caso avanza hacia nuevas etapas procesales. La justicia continúa su curso.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón. Ambas son señaladas como las articuladoras de la actividad delincuencial. Las autoridades consideran que su rol fue clave en la organización del esquema ilegal. La investigación se mantiene abierta para identificar a otros posibles responsables. El llamado institucional es a verificar siempre la idoneidad médica. La seguridad de los pacientes no es negociable. La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de la salud y la vida.
