La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, taxista señalado de protagonizar un grave siniestro vial que dejó once personas atropelladas en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, al sur de la capital. Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2025 y tuvieron consecuencias fatales.
Según la investigación adelantada por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el procesado conducía su vehículo a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. En esas condiciones, perdió el control del taxi y embistió a varias personas que se encontraban en la vía pública.
Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien resultó gravemente herida y falleció días después debido a la severidad de las lesiones. El caso generó conmoción en la comunidad del sector y reabrió el debate sobre la conducción bajo los efectos del alcohol en la ciudad.
Las pruebas técnicas practicadas al conductor fueron determinantes dentro del proceso. Los exámenes realizados por las autoridades confirmaron que Chalá Franco presentaba grado tres de alcoholemia al momento del hecho, el nivel más alto contemplado por la normatividad vigente.
Con base en estos elementos probatorios, la Fiscalía formuló acusación por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas por el estado de embriaguez y el número de víctimas involucradas.
Durante la audiencia de imputación, el procesado aceptó su responsabilidad frente a los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales, aunque no asumió cargos por el homicidio, aspecto que será debatido en las siguientes etapas del juicio.
Por decisión judicial, José Eduardo Chalá Franco permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. La medida busca garantizar su comparecencia y proteger a la comunidad.
La Fiscalía reiteró que este caso será llevado con rigor y que las conductas asociadas a la conducción irresponsable, especialmente bajo efectos del alcohol, constituyen un grave riesgo para la vida y la seguridad ciudadana, por lo que seguirán siendo objeto de persecución penal prioritaria.
