Tras los cinco homicidios registrados la noche del 9 de enero en Maicao, las autoridades activaron una respuesta institucional de alto nivel en el departamento de La Guajira. El Gobierno Nacional lideró una sesión extraordinaria con la cúpula militar y policial, así como con autoridades regionales y locales. El objetivo central es esclarecer plenamente los hechos. También se busca avanzar con rapidez en la identificación de los responsables. La seguridad ciudadana fue declarada prioridad inmediata. El mensaje fue de control efectivo del territorio.
Durante el encuentro se confirmó que avanzan las investigaciones judiciales y de inteligencia sobre la masacre ocurrida en Maicao. Las autoridades indicaron que, aunque Nain Pérez Toncel, conocido como alias ‘el Nain’, ha negado su participación, existen indicios de injerencia criminal en la zona. Sobre esta persona pesa una orden de captura vigente. Los análisis continúan bajo estricta reserva. No se descarta ninguna hipótesis. El proceso se adelanta con rigor técnico.
Las autoridades reiteraron que el ejercicio de la autoridad corresponde exclusivamente al Estado. En ese sentido, se advirtió que no se permitirá que estructuras criminales intenten imponer control territorial o generar intimidación sobre la población. El mensaje institucional busca enviar una señal de tranquilidad a la ciudadanía. La respuesta será sostenida y articulada. No se trata de operativos aislados. Se trata de una estrategia integral de seguridad.
Como parte de las medidas adoptadas, se ordenó el refuerzo inmediato de investigadores especializados de la DIJIN, adscritos a la Policía Nacional de Colombia. Este apoyo fortalecerá las labores de investigación criminal y judicialización. El despliegue incluye capacidades técnicas, analíticas y humanas. El propósito es acelerar la identificación de los responsables. La inteligencia policial será clave en esta fase.
De manera paralela, se anunció un mayor despliegue del Ejército Nacional de Colombia en corredores estratégicos del departamento. Las tropas reforzarán el control en vías principales y procederán al bloqueo de trochas utilizadas por estructuras criminales. Estas acciones buscan limitar la movilidad ilegal y cerrar rutas de escape. El componente militar se articula con la labor policial. La presencia institucional será permanente.
Otra de las decisiones adoptadas fue el ofrecimiento de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. La medida busca incentivar la colaboración ciudadana. Las autoridades garantizaron absoluta reserva para quienes suministren datos. La participación de la comunidad es considerada fundamental. Las líneas de denuncia permanecen habilitadas. El llamado es a no guardar silencio.
Adicionalmente, se anunció el fortalecimiento de la movilidad policial y la instalación de cámaras de vigilancia en puntos críticos de Maicao. Estas herramientas permitirán mejorar la capacidad de reacción y el monitoreo territorial. También se reforzará la coordinación interinstitucional con autoridades locales. El enfoque es preventivo y disuasivo. Se busca recuperar la confianza ciudadana. La seguridad es entendida como una tarea conjunta.
Finalmente, el Gobierno reiteró que no habrá refugio para el crimen en La Guajira. Las acciones anunciadas tienen como propósito proteger a las familias de Maicao y devolver la tranquilidad al municipio. Las autoridades insistieron en la importancia de la denuncia ciudadana. “El Estado somos todos y los buenos somos más”, fue el mensaje final. Las operaciones continuarán sin pausa. La seguridad seguirá siendo una prioridad absoluta.
