El Ministerio de Educación Nacional reiteró su rechazo a cualquier acción que altere el normal funcionamiento del servicio educativo —como las registradas en Tibú y El Tarra— y, en paralelo, dio un paso de fondo en la política de alimentación escolar. Con la expedición de la Resolución 003 de 2026 por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) redefine prioridades y métodos para llegar mejor, y con más calidad, a quienes más lo necesitan.
El giro es estructural. La nueva hoja de ruta pone en el centro a más de 550.000 niñas y niños del segundo ciclo de educación inicial (prejardín, jardín y transición), reconociendo que una nutrición adecuada en los primeros años es determinante para el desarrollo integral y la permanencia en la escuela. No es un ajuste menor: es un cambio de enfoque.
La ruralidad también gana protagonismo. En zonas de difícil acceso, cerca de 300.000 estudiantes recibirán un complemento tipo almuerzo, una respuesta concreta a las brechas históricas de movilidad, acceso y condiciones sociales que enfrentan las comunidades rurales del país.
Otro punto clave es la reducción progresiva de la modalidad industrializada. La Resolución fija un horizonte hasta 2030 para desmontarla, impulsando la atención preparada en sitio o caliente transportada. La apuesta busca alimentos más frescos, culturalmente pertinentes y con mayor valor nutricional, alineados con los contextos locales.
El PAE también avanza en la dignificación laboral de quienes sostienen el programa día a día. En 2026, el 50 % de las manipuladoras y manipuladores de alimentos será vinculado mediante contratos formales, en un proceso progresivo que apunta a la estabilidad y el reconocimiento del trabajo.
En materia de participación ciudadana, los nuevos lineamientos fortalecen el control social en los territorios. La idea es clara: más vigilancia comunitaria, más transparencia y mejores decisiones alrededor de la alimentación escolar.
Las tiendas escolares entran al radar. Al ser espacios formativos junto con los comedores, deberán alinearse con una cultura de alimentación saludable, reduciendo la oferta y promoción de ultraprocesados, especialmente durante el consumo del complemento del PAE, y restringiendo productos altos en sodio, grasas y azúcares, conforme a la normativa vigente.
Con esta actualización, el PAE se consolida como algo más que la entrega de raciones. Se afirma como una política pública que entiende la alimentación con dignidad, reduce brechas urbano-rurales, incorpora el enfoque territorial y cultural, y respalda el bienestar y la permanencia de niñas, niños, jóvenes y adolescentes en el sistema educativo.
