El Ministerio de Educación Nacional señaló que el reciente informe de la Contraloría General sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas coincide con un diagnóstico histórico: el sistema arrastraba un desfinanciamiento estructural acumulado durante más de tres décadas. El modelo derivado de la Ley 30 de 1992 ató el crecimiento de los aportes al IPC, sin reconocer el aumento real de costos académicos, tecnológicos, de cobertura y calidad.
Según la cartera, ese esquema dejó a las instituciones con limitaciones en capacidad instalada, infraestructura y estabilidad presupuestal. Frente a ello, entre 2023 y 2026 la Nación ha destinado cerca de $15 billones a la educación superior pública, de los cuales alrededor de $13 billones corresponden a transferencias directas a universidades estatales, incluyendo recursos adicionales incorporados a través del Plan Nacional de Desarrollo.
Uno de los cambios más relevantes ha sido la consolidación de la gratuidad en la matrícula como componente estructural del financiamiento. La inversión pasó de cerca de $1,8 billones en 2023 a $3,2 billones en 2026, beneficiando a más de 900 mil estudiantes. Estos recursos se integran a la base presupuestal de funcionamiento y reducen la dependencia histórica de las matrículas como fuente de ingresos.
En materia de infraestructura, se puso en marcha el primer proyecto nacional para educación superior pública dentro del Plan Nacional de Espacios Educativos. Entre 2023 y 2026 se ejecutan $2,2 billones en obras físicas y tecnológicas, con más de 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios. A esto se suman vigencias futuras cercanas a $6,7 billones que buscan garantizar continuidad de la inversión.
El Ministerio sostiene que estas medidas responden a la obligación estatal de avanzar progresivamente en la garantía del derecho a la educación superior, respaldada por la jurisprudencia constitucional. En ese marco, los ingresos propios de las universidades, históricamente usados para cubrir brechas, ahora se complementan con recursos estructurales, fortaleciendo la financiación directa a la oferta educativa pública.
También se precisó que el análisis financiero de la Contraloría se basa principalmente en información contable de 2019 a 2022 y no incorpora de forma integral los recursos adicionales ejecutados desde 2023. Además, entre el 70 % y el 92 % de los ingresos derivados de convenios tienen destinación específica, por lo que no pueden destinarse libremente a gastos institucionales.
Sobre el pasivo pensional, la cartera aclaró que se trata de obligaciones proyectadas a largo plazo y no de presiones fiscales inmediatas. Su atención se realiza bajo esquemas de concurrencia entre Nación, entidades territoriales e instituciones, conforme a la normativa vigente. Aunque representa un reto estructural, su impacto anual es proporcionalmente menor frente al presupuesto global del sistema.
La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, aprobada por el Congreso, reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior, incorpora criterios de cobertura, cierre de brechas y formalización laboral, y vincula la inversión al crecimiento respecto del PIB. El Ministerio anunció trabajo conjunto con la Contraloría para profundizar el análisis y ajustar políticas con base en información actualizada.
