Las demoras en citas, trámites y autorizaciones dentro del sistema de salud se han convertido en una preocupación creciente en Colombia. Entre enero y junio de 2025 se presentaron 978.177 quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud por retrasos en la atención y entrega de medicamentos, un 36 % más que en el mismo periodo del año anterior, evidenciando un deterioro sostenido en la oportunidad del servicio a usuarios.
Solo en 2024 se radicaron más de 1,6 millones de reclamos, la cifra más alta registrada en la historia reciente del sistema. Para especialistas en administración en salud, estos retrasos ya no pueden considerarse simples fallas administrativas, sino situaciones que ponen en riesgo real la salud de los pacientes, especialmente cuando involucran procedimientos, tratamientos continuos o acceso oportuno a medicamentos esenciales para enfermedades crónicas o agudas.
Leonardo Soto Suárez, docente del programa virtual de Administración en Salud de Areandina, advierte que cuando una EPS demora semanas en autorizar un procedimiento, no solo incumple la ley, sino que compromete la salud y la vida del usuario. Según el experto, las causas incluyen sobrecarga del sistema, falta de personal médico y administrativo, y escasa coordinación entre EPS, clínicas y hospitales que genera cuellos de botella innecesarios.
A estas dificultades se suman prácticas burocráticas prohibidas, como exigir autorizaciones repetidas para servicios incluidos en el plan de beneficios. También influyen fallas tecnológicas, pues algunas EPS aún operan con trámites en papel o plataformas que no se integran entre sí. Esta fragmentación retrasa procesos y deja a los usuarios atrapados en circuitos administrativos que no deberían existir en un sistema orientado a garantizar atención oportuna.
El panorama se agrava por la situación financiera del sector. La Contraloría General de la República ha señalado que las EPS activas adeudan $32,9 billones a clínicas, hospitales y farmacias. Esta deuda afecta la liquidez de las IPS, impacta la disponibilidad de servicios y medicamentos, y termina trasladando las consecuencias al paciente, quien enfrenta cancelaciones, demoras en exámenes o falta de entrega de tratamientos prescritos por su médico.
La ley establece tiempos máximos de respuesta. Una cita con medicina general u odontología debe asignarse en máximo tres días hábiles, y las autorizaciones no pueden tardar más de cinco. La entrega de medicamentos debe ser inmediata o en un plazo de 48 horas si no hay disponibilidad. Cuando existe riesgo para la vida o la integridad, la acción de tutela se convierte en un mecanismo judicial eficaz.
Para exigir cumplimiento, el primer paso es radicar la solicitud ante la Oficina de Atención al Usuario de la EPS y conservar el número de radicado. Si no hay respuesta, se puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud. También ofrecen asesoría gratuita la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, que acompañan procesos y orientan en la interposición de tutelas u otras acciones legales.
Expertos recomiendan documentar cada gestión, guardar copias y registrar fechas. Presentar un derecho de petición y una queja ante Supersalud de forma simultánea puede acelerar respuestas. Contar con el respaldo escrito del médico tratante, certificando la urgencia, fortalece el caso. Exigir atención no es confrontar al sistema, sino ejercer un derecho que protege la salud propia y contribuye a mejorar el funcionamiento general.
