La justicia colombiana dictó sentencias condenatorias contra tres hombres responsables de graves conductas de maltrato animal en Quindío, Valle del Cauca y Magdalena. Los fallos, sustentados en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, están relacionados con la muerte de dos perros y un caballo en hechos ocurridos entre 2023 y 2025. Las decisiones judiciales reflejan un avance en la aplicación de la normativa de protección animal y envían un mensaje claro frente a la intolerancia y el abandono. Cada caso fue investigado de manera individual, permitiendo establecer responsabilidades penales y sanciones privativas de la libertad acordes con la gravedad de los hechos probados.
En el departamento del Quindío, un juez penal de conocimiento condenó a Jarol Alberto Cuellar Arias por la muerte de un perro de raza husky siberiano llamado “Niño”. Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre de 2025 en un predio del municipio de Buenavista. Durante la investigación se estableció que el procesado, en un acto de intolerancia, disparó en repetidas ocasiones contra el animal, causándole la muerte. Con base en las pruebas recaudadas, el juzgado lo halló responsable del delito de muerte a animal y le impuso una pena de un año y cuatro meses de prisión, reconociendo la gravedad de la conducta y el daño causado.
El segundo caso se registró en el municipio de Pijiño del Carmen, en el departamento del Magdalena, donde un canino murió tras una violenta agresión en vía pública. Los hechos ocurrieron el 29 de julio de 2025 en el barrio Villacampestre . La investigación, adelantada por un fiscal seccional con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, permitió establecer que José Luis Miranda García golpeó al perro con un palo en repetidas ocasiones. Las lesiones ocasionadas por la agresión provocaron la muerte del animal, configurando un delito agravado que fue plenamente demostrado ante el juez.
Tras valorar el material probatorio, el juez penal de conocimiento declaró a José Luis Miranda García responsable del delito de muerte a animal agravado. La sentencia impuesta fue de dos años de prisión, teniendo en cuenta la sevicia del ataque y la indefensión del canino. El fallo resaltó que la violencia ejercida en espacios públicos no solo afecta a los animales, sino que también altera la convivencia ciudadana. Este caso se convirtió en un precedente importante en el Magdalena, al evidenciar que las agresiones contra animales no son conductas menores, sino hechos punibles que generan consecuencias penales claras para quienes las cometen.
El tercer proceso judicial tuvo lugar en el Valle del Cauca y estuvo relacionado con la muerte de un caballo por abandono prolongado. Edwin Oswaldo Zúñiga Nieva fue condenado a un año de prisión por el delito de maltrato animal agravado. Según la investigación, el sentenciado mantuvo al equino en condiciones de abandono durante un largo periodo en un callejón del corregimiento de Rozo. La falta de alimentación, atención veterinaria y cuidado básico deterioró gravemente la salud del animal, hasta ocasionarle la muerte el 18 de enero de 2023, como fue acreditado en el proceso.
Las autoridades encontraron al caballo en estado crítico, agonizante y postrado en plena vía pública, con múltiples lesiones y una condición corporal extremadamente baja. Los informes técnicos y veterinarios incorporados al expediente demostraron que el deceso fue consecuencia directa del abandono sistemático. El juez consideró que la omisión prolongada del deber de cuidado configuró una conducta agravada, dado el sufrimiento innecesario al que fue sometido el animal. Este fallo reafirma que el maltrato no solo se configura por actos violentos directos, sino también por la negligencia grave que pone en riesgo la vida de los animales bajo custodia humana.
En conjunto, las tres sentencias evidencian un fortalecimiento de la respuesta institucional frente al maltrato animal en distintas regiones del país. La labor investigativa permitió esclarecer los hechos, individualizar responsabilidades y llevar a los agresores ante la justicia. Para las autoridades, estos fallos ratifican que la protección de los animales es un asunto de interés público y que las normas existentes cuentan con mecanismos reales de aplicación. Además, se destaca el papel de la denuncia ciudadana y del trabajo articulado entre fiscales, jueces y grupos especializados para garantizar decisiones judiciales oportunas y efectivas.
Estos casos también cumplen una función pedagógica y preventiva, al enviar un mensaje claro a la sociedad sobre las consecuencias legales del maltrato animal. Las condenas buscan disuadir conductas de intolerancia, violencia y abandono, promoviendo una cultura de respeto hacia los animales como seres sintientes. Las autoridades reiteraron que continuarán priorizando este tipo de investigaciones y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la vida y el bienestar animal. La aplicación rigurosa de la ley es un paso fundamental para avanzar hacia una convivencia más ética, responsable y respetuosa en todo el territorio nacional.
