El Gobierno de Colombia expresó su rechazo a la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de imponer una tasa de seguridad del treinta por ciento a las importaciones colombianas desde febrero. El anuncio fue realizado por el presidente Daniel Noboa a través de redes sociales y un comunicado oficial. Para Colombia, la medida es unilateral y contraria a las normas vigentes de integración regional. Las autoridades consideran que la decisión afecta el comercio bilateral, introduce distorsiones económicas innecesarias y desconoce los mecanismos institucionales diseñados para resolver diferencias entre países vecinos mediante el diálogo y la cooperación.
Desde Bogotá se señaló que los argumentos presentados por el Gobierno del Ecuador para justificar la tasa carecen de sustento, especialmente en materia de seguridad. Colombia recordó que la relación bilateral se ha construido sobre la base de confianza, cooperación permanente y reglas compartidas. La imposición del gravamen es vista como un retroceso en ese proceso y como una acción que rompe con el espíritu de integración que rige a los países miembros de la Comunidad Andina, marco normativo que orienta el comercio y la coordinación política entre las naciones de la región.
El Gobierno colombiano destacó que ambos países mantienen mecanismos binacionales consolidados para enfrentar de manera conjunta los desafíos en la frontera común. Entre ellos se encuentran la Comisión Binacional Fronteriza, las reuniones de mandos regionales de frontera, la Reunión Tripartita de Inteligencia Militar con Perú y el mecanismo RAMPOL de altos mandos policiales. Estas instancias han permitido articular estrategias, compartir información y coordinar acciones operativas que fortalecen la seguridad y combaten fenómenos delictivos de carácter transnacional con resultados verificables.
En el marco de esa cooperación, Colombia subrayó el intercambio continuo de información, los procesos de capacitación y el entrenamiento conjunto entre fuerzas de seguridad. Estas acciones han derivado en operaciones coordinadas que han impactado de manera significativa las economías criminales que operan en la frontera. El Ejecutivo colombiano sostuvo que los avances logrados demuestran un compromiso real con la seguridad regional y contradicen cualquier afirmación sobre una supuesta falta de cooperación por parte de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen organizado.
Uno de los principales resultados se evidencia en la lucha contra el narcotráfico. Las cifras oficiales muestran un aumento sostenido en las incautaciones de clorhidrato de cocaína como resultado de operaciones conjuntas. En 2023 se registraron ochenta y seis mil setecientos ochenta y seis kilogramos incautados; en 2024, ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro; y en 2025, ciento noventa y cinco mil ochocientos sesenta y dos kilogramos. Estos datos reflejan un mayor esfuerzo operacional y un impacto directo sobre las rutas criminales hacia Ecuador.
El Gobierno también resaltó que el esfuerzo en erradicación de cultivos ilícitos se ha concentrado en departamentos fronterizos como Putumayo y Nariño. A ello se suma la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, con noventa y una coordinaciones conjuntas que derivaron en veintiséis operativos, treinta y nueve deportaciones, veinticinco capturas por orden judicial y el rescate de siete personas. Además, Colombia ha capacitado a tres mil ochocientos noventa y un policías ecuatorianos en la lucha contra el narcotráfico.
En este contexto, el Ejecutivo recordó que el presidente Gustavo Petro ha reiterado su disposición a fortalecer la cooperación con Ecuador para controlar las dinámicas delictivas en la frontera. Como muestra de ello, el quince de enero se realizó una reunión entre el embajador ecuatoriano en Colombia y la viceministra de Relaciones Exteriores, en la que se acordó retomar los diálogos de seguridad fronteriza y avanzar en temas pendientes mediante canales diplomáticos e institucionales.
Finalmente, Colombia rechazó de manera contundente la imposición de un gravamen que considera contrario a la normativa andina, al señalar que afecta a los sectores productivos de ambos países, favorece el contrabando y debilita la integración regional. El Gobierno hizo un llamado al Ecuador para desistir de la medida y evitar impactos nocivos sobre las poblaciones. Asimismo, reiteró su disposición a un diálogo bilateral constructivo que permita una solución amistosa y evite la adopción de medidas comerciales recíprocas.
