El Gobierno colombiano anunció la aplicación de un gravamen del treinta por ciento a la importación de veinte productos provenientes de Ecuador, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral. La medida surge tras la decisión unilateral del país vecino de imponer un arancel similar a bienes colombianos a partir de febrero. Las autoridades señalaron que se trata de un instrumento legítimo y transitorio, orientado a restablecer el equilibrio del intercambio y proteger el aparato productivo nacional, sin cerrar la puerta al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos en los acuerdos vigentes.
La decisión fue comunicada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, quien explicó que Colombia cuenta con herramientas jurídicas para responder de manera proporcional cuando se modifican de forma unilateral las reglas que han regido el comercio entre países. Según la funcionaria, el gravamen no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino una corrección técnica frente a distorsiones externas que afectan las condiciones previamente pactadas y que generan impactos directos sobre sectores productivos nacionales estratégicos.
El anuncio se produce luego de que Ecuador justificara su arancel a productos colombianos en razones asociadas a una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad. Desde Bogotá, el Gobierno considera que esa argumentación introduce un quiebre en un marco históricamente sustentado en la cooperación, el diálogo y el respeto por reglas compartidas. En ese contexto, Colombia activó los mecanismos previstos en su ordenamiento jurídico para preservar condiciones equitativas de intercambio, manteniendo la coherencia con los compromisos regionales y el derecho comercial aplicable.
La ministra Morales subrayó que la relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido durante décadas sobre bases de integración y beneficio mutuo. Cuando ese marco se altera de manera unilateral, explicó, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir el desequilibrio. La adopción del gravamen busca evitar afectaciones mayores a la producción nacional y enviar una señal clara de que las decisiones comerciales deben adoptarse dentro de los canales institucionales, respetando las normas y los acuerdos que rigen la relación bilateral.
Uno de los elementos centrales de la medida es su carácter transitorio y revisable. El Gobierno colombiano precisó que el gravamen será evaluado de manera permanente y podrá ajustarse en función de la evolución del diálogo y de las condiciones del comercio bilateral. La intención, insistieron las autoridades, no es escalar tensiones ni generar una afectación estructural a la relación económica con Ecuador, sino crear un incentivo para el restablecimiento de un marco de reglas compartidas y previsibles.
La decisión será sometida a consideración del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, instancia encargada de analizar los aspectos técnicos y económicos de la medida. Este paso busca garantizar que la aplicación del gravamen se realice con criterios de proporcionalidad, sustento técnico y coherencia normativa. El Gobierno enfatizó que todas las actuaciones se desarrollan dentro de la legalidad y con apego a los procedimientos establecidos para este tipo de decisiones en materia de comercio exterior.
De acuerdo con cifras oficiales, las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos cobijados por la medida ascienden aproximadamente a doscientos cincuenta millones de dólares. Este dato dimensiona el alcance del intercambio impactado y refuerza la necesidad de manejar la situación con responsabilidad. El Gobierno considera que la respuesta colombiana es proporcional frente al efecto económico generado por la decisión ecuatoriana y busca evitar desequilibrios mayores en sectores sensibles.
Desde el Ejecutivo se reiteró que Colombia mantiene su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones negociadas por las vías diplomáticas e institucionales. El gravamen es presentado como un instrumento correctivo, no como una ruptura. Las autoridades confían en que, mediante el uso de los mecanismos legales y el restablecimiento del diálogo técnico, sea posible reconducir la relación comercial hacia un escenario de estabilidad, cooperación y respeto por las reglas comunes que han caracterizado históricamente el intercambio entre ambos países.
