El Ministerio de Minas y Energía manifestó el rechazo del Gobierno de Colombia a la decisión de Ecuador de aumentar en más de 900% la tarifa para transportar crudo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano. La medida eleva el costo de cerca de 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares para usuarios extranjeros, generando preocupación por su impacto inmediato sobre la producción petrolera nacional, especialmente en regiones fronterizas.
Según la cartera de Minas, el ajuste tarifario fue adoptado de forma unilateral y no responde a criterios técnicos ni económicos verificables. La decisión afecta directamente la viabilidad de la operación petrolera en el sur del país, particularmente en Putumayo, donde pequeños y medianos productores dependen de esta infraestructura para movilizar su crudo hacia mercados internacionales y sostener cadenas productivas regionales.
El ministro Edwin Palma señaló que la medida constituye una acción que golpea principalmente a productores de menor escala, quienes cuentan con márgenes operativos más reducidos. Indicó que el aumento del costo de transporte puede traducirse en pérdidas económicas, paralización de operaciones y riesgo para empleos directos e indirectos que dependen de la actividad petrolera en zonas con limitadas alternativas económicas.
El incremento tarifario coincide con un contexto de precios internacionales del crudo a la baja, lo que reduce la rentabilidad de los proyectos y aumenta la vulnerabilidad financiera de las empresas. Esta combinación de factores podría llevar a suspensiones de producción, reducción de inversiones y efectos negativos en las economías locales, donde la industria petrolera tiene un peso significativo en ingresos y empleo.
Desde el Gobierno colombiano se sostiene que la decisión desconoce compromisos bilaterales previos, entre ellos acuerdos relacionados con el transporte y exportación de hidrocarburos. También se considera que contraviene principios de integración y cooperación entre países de la Comunidad Andina, así como disposiciones orientadas a garantizar condiciones de tránsito previsibles y no discriminatorias para la infraestructura compartida.
Las autoridades energéticas indicaron que Colombia había planteado la posibilidad de abrir espacios de diálogo para revisar las condiciones del transporte, pero que las conversaciones no prosperaron. En este escenario, el Gobierno reitera su interés en retomar canales diplomáticos que permitan encontrar soluciones concertadas y evitar una escalada de tensiones en un tema estratégico para ambos países.
El Ministerio advirtió que la situación no solo afecta a empresas, sino a trabajadores y comunidades que dependen de la actividad petrolera. La eventual reducción de operaciones podría impactar recaudos fiscales, contratación de servicios locales y estabilidad económica en territorios donde la industria extractiva ha sido uno de los principales motores de desarrollo y generación de ingresos.
Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición a buscar una salida negociada que restablezca condiciones de proporcionalidad y previsibilidad en el transporte de hidrocarburos. La apuesta oficial es privilegiar la diplomacia y los mecanismos de cooperación regional para proteger la producción nacional, salvaguardar el empleo y mantener relaciones constructivas entre países vecinos con intereses energéticos compartidos.
