El Gobierno colombiano anunció que acudirá a los canales legales disponibles para responder a la decisión de Ecuador de imponer un arancel del treinta por ciento a productos colombianos a partir de febrero. La medida, que impacta el comercio bilateral, será evaluada desde una perspectiva jurídica y económica. Las autoridades señalaron que se actuará con responsabilidad institucional, buscando proteger los intereses nacionales sin cerrar las puertas al diálogo. Colombia considera que la relación comercial con Ecuador es estratégica y que cualquier diferencia debe tramitarse dentro de los marcos establecidos por los acuerdos regionales y los mecanismos de integración vigentes.
La decisión del vecino país se conoce en un contexto de conversaciones previas entre ambos gobiernos sobre seguridad fronteriza y cooperación bilateral. Por ello, desde Bogotá se ha interpretado el anuncio como un giro inesperado frente a un proceso que avanzaba por la vía del entendimiento técnico y diplomático. El Ejecutivo colombiano subrayó que la imposición del arancel no solo tiene efectos económicos inmediatos, sino que también introduce tensiones innecesarias en una relación histórica marcada por la interdependencia comercial, social y cultural entre los dos países andinos.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que Colombia cuenta con herramientas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo para responder a este tipo de medidas. Entre ellas se encuentran los llamados aranceles inteligentes, diseñados para garantizar reciprocidad y condiciones equitativas en el intercambio comercial. Según la funcionaria, estos instrumentos podrán aplicarse si se considera que la decisión de Ecuador vulnera los principios de equilibrio y trato justo que deben regir las relaciones económicas entre socios regionales.
Morales recordó además que el vínculo comercial entre ambos países se rige por las normas de la Comunidad Andina, que contempla mecanismos específicos para la solución de controversias. Estos procedimientos permiten a los Estados miembros dirimir diferencias sin recurrir a decisiones unilaterales que afecten la estabilidad del bloque. En ese sentido, Colombia evalúa acudir a dichas instancias, reafirmando su compromiso con el respeto al derecho comunitario y con la resolución institucional de los conflictos comerciales que puedan surgir.
Pese a la firmeza del mensaje, el Gobierno colombiano insistió en que Ecuador sigue siendo un país hermano y un socio comercial relevante. La ministra destacó que los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente orientado al beneficio mutuo y que la prioridad sigue siendo preservar una relación constructiva. La activación de vías jurídicas no implica un rompimiento, sino el uso legítimo de herramientas previstas en los acuerdos vigentes para proteger la economía nacional y garantizar condiciones de competencia justas para los productores colombianos.
Las cifras del intercambio bilateral evidencian la magnitud de la relación. Entre enero y octubre de 2025, el comercio total entre Colombia y Ecuador alcanzó los dos mil doscientos nueve millones de dólares. En ese periodo, la balanza comercial fue favorable para Colombia, con un superávit de ochocientos cuarenta y nueve millones de dólares, reflejando la importancia del mercado ecuatoriano para las exportaciones nacionales y la dinámica complementaria entre ambas economías.
Durante esos diez meses, las exportaciones colombianas hacia Ecuador sumaron mil quinientos veintinueve millones de dólares. Un dato clave es que más del setenta y dos por ciento de ese valor correspondió a bienes no minero energéticos, lo que resalta la diversidad de la canasta exportadora. Entre los principales productos enviados se encuentran energía eléctrica, medicamentos, insecticidas y camiones, sectores que podrían verse directamente afectados por la aplicación del nuevo arancel anunciado.
Desde el Ejecutivo se reiteró que la respuesta colombiana buscará equilibrio entre la defensa de los intereses nacionales y la preservación del diálogo regional. La situación abre un nuevo capítulo en la relación comercial andina, donde el respeto por las reglas comunes será determinante. Colombia apuesta por una solución institucional que evite una escalada de medidas y permita restablecer condiciones estables para el comercio, protegiendo a sus exportadores y manteniendo una relación constructiva con un socio clave en la región.
