Colombia decidió mover sus fichas en el tablero internacional tras la reciente agresión de Estados Unidos contra Venezuela, un hecho que encendió las alertas regionales y puso en tensión los principios del derecho internacional. El Gobierno colombiano calificó lo ocurrido como una amenaza directa a la paz regional y al orden multilateral, anunciando una respuesta diplomática firme, articulada y sin ambigüedades. La estrategia apunta a evitar una escalada mayor del conflicto y a reafirmar la soberanía de los Estados. Para Bogotá, el silencio no era una opción frente a un episodio de esta magnitud.
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, explicó que la respuesta colombiana se basa en la defensa irrestricta de la Carta de las Naciones Unidas. Según la Cancillería, la prioridad es proteger los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias, pilares que sostienen la convivencia entre Estados. Colombia insiste en que cualquier salida a la crisis venezolana debe pasar por el diálogo y la decisión autónoma de su pueblo. En ese marco, el país busca evitar que se normalicen acciones unilaterales con consecuencias imprevisibles.
Uno de los primeros pasos fue solicitar una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual Colombia es miembro no permanente. Este escenario permite elevar el debate al más alto nivel del sistema internacional y poner en evidencia los riesgos que acciones de fuerza representan para la estabilidad global. Desde allí, el Gobierno colombiano busca promover pronunciamientos que llamen a la contención y al respeto del derecho internacional. La apuesta es clara: frenar la lógica de la imposición militar.
En paralelo, Colombia activó los mecanismos regionales. El tema fue llevado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y se convocó una reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Estas instancias buscan construir una posición regional que rechace la intervención y refuerce la idea de América Latina y el Caribe como zona de paz. Para el Gobierno, la respuesta no puede ser aislada ni fragmentada.
El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, explicó que la ofensiva diplomática se despliega en tres frentes simultáneos: ONU, OEA y Celac. El objetivo no es defender gobiernos o liderazgos específicos, sino proteger un sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Colombia advierte que relativizar estos principios abre la puerta a escenarios de mayor inestabilidad global. La defensa del multilateralismo, insiste, es una responsabilidad colectiva.
Además, el Gobierno anunció gestiones para activar instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas, al considerar que las agresiones y amenazas pueden derivar en vulneraciones a la población civil. Esta línea de acción busca poner el foco en las consecuencias humanas de los conflictos armados y reforzar los estándares internacionales de protección. Para Colombia, la seguridad no puede desligarse de los derechos fundamentales. Ambos deben avanzar de la mano.
Desde la Cancillería se reiteró el rechazo a cualquier forma de intervención militar y al uso de la fuerza como mecanismo de presión política. Colombia sostiene que las controversias internacionales deben resolverse por canales diplomáticos y mediante acuerdos multilaterales. El Gobierno subrayó que las amenazas y acciones unilaterales solo profundizan las crisis y erosionan la confianza entre Estados. La apuesta es enfriar el conflicto, no avivarlo.
Con esta ofensiva diplomática, Colombia busca posicionarse como un actor que defiende la legalidad internacional y la estabilidad regional en un contexto de alta tensión geopolítica. El mensaje es contundente: la paz regional no es negociable y la soberanía de los pueblos debe ser respetada. En un escenario global cada vez más polarizado, Bogotá apuesta por la diplomacia como herramienta central para evitar que la confrontación se convierta en norma.
