La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, junto con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia para presentar los alcances de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), que se realizará en Cartagena del 24 al 28 de febrero. El objetivo fue incentivar la participación de los gobiernos y promover la adhesión a la Declaración Final.
La reunión contó además con la participación del representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, quien subrayó la relevancia internacional del evento y su aporte a las agendas de desarrollo sostenible y justicia social. La conferencia es liderada por el Gobierno colombiano, con respaldo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y acompañamiento técnico de la FAO, en un escenario de diálogo multilateral sobre tierra, ruralidad y sostenibilidad.
Durante su intervención, la canciller afirmó que el acceso a la tierra y el fortalecimiento de los territorios rurales son ejes estratégicos. Señaló que no es posible hablar de seguridad alimentaria sin campesinado con derechos, ni de sostenibilidad ambiental sin territorios vivos, ni de paz duradera sin justicia social en el campo. Indicó que estos principios orientan tanto la política exterior como el proyecto nacional del país.
El Gobierno destacó que la conferencia se integra a su apuesta por la paz total, la justicia social rural, la protección de la biodiversidad y la defensa de derechos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, mujeres rurales y juventudes. También busca actualizar el debate global sobre acceso equitativo a la tierra, reforma agraria, seguridad y soberanía alimentaria, y desarrollo rural sostenible en un contexto de crisis climática y desigualdad.
Villavicencio subrayó que el encuentro permitirá abordar de forma integral la relación entre drogas, tierra y desarrollo rural. Explicó que, desde la experiencia colombiana, fenómenos como el cultivo de hoja de coca no pueden analizarse sin considerar la exclusión histórica del campesinado y la falta de acceso efectivo a tierra, mercados y servicios públicos, así como los impactos ambientales y sociales asociados.
Según la ministra de Agricultura, más de 60 países ya confirmaron su participación, dentro de una proyección de delegaciones de un centenar de naciones. Se espera la asistencia de cerca de 1.500 personas, entre gobiernos, organismos internacionales, pueblos indígenas, organizaciones campesinas, comunidades afrodescendientes, mujeres rurales, jóvenes, academia y sector privado, con el fin de impulsar un debate renovado sobre la tierra y el mundo rural.
Como antecedente, la primera conferencia organizada por la FAO en 2006 en Brasil posicionó el acceso justo a la tierra como condición para combatir el hambre y la pobreza rural. De allí surgieron compromisos que influyeron en instrumentos como las Directrices Voluntarias sobre Gobernanza de la Tierra y otros marcos internacionales de derechos, fortaleciendo la protección de poblaciones rurales históricamente excluidas.
La propuesta de Colombia como sede fue acogida por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2024 y ratificada por el Consejo de la FAO, otorgando legitimidad internacional al proceso. Veinte años después de Porto Alegre, la CIRADR+20 busca relanzar la agenda global sobre reforma agraria y desarrollo rural sostenible, con Cartagena como escenario de un diálogo que conecte justicia social, producción de alimentos y sostenibilidad.
