Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades ocurridas en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia. La acción judicial se refiere a hechos registrados durante la sesión extraordinaria del 24 de noviembre de 2025 y fue presentada ante la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, con solicitud de trámite urgente por su impacto institucional.
La denuncia señala la posible comisión de delitos como fraude a resolución judicial, usurpación de funciones públicas y prevaricato por acción, entre otros que podrían surgir en el curso de la investigación. Según el denunciante, varios miembros del CSU habrían adoptado decisiones a pesar de existir sentencias judiciales ejecutoriadas del Consejo de Estado, lo que podría constituir una vulneración directa al principio de legalidad administrativa.
Entre los denunciados figuran integrantes del Consejo Superior Universitario que participaron en la sesión del 24 de noviembre de 2025, incluidos delegados del Gobierno Nacional, del sector educativo y de instancias académicas. El escrito también menciona a la secretaria general de la Universidad Nacional, por su participación en la formalización del acto administrativo que dio lugar a la designación cuestionada.
El eje central de la denuncia se relaciona con una sentencia del Consejo de Estado del 20 de noviembre de 2025, la cual —según el documento— declaró la nulidad con efectos retroactivos de la resolución que había designado a Leopoldo Múnera como rector encargado. Bajo ese criterio jurídico, se sostiene que Múnera nunca ejerció válidamente el cargo, razón por la cual su supuesta renuncia no podía producir vacancia alguna.
Pese a ello, el denunciante afirma que el CSU aceptó dicha renuncia y, con base en ese hecho, declaró una vacancia que permitió la designación de un rector encargado. Para la Red de Veedurías, esta actuación no corresponde a un error técnico, sino a una conducta consciente que desconoció de manera directa una decisión judicial firme y de obligatorio cumplimiento.
La denuncia también recuerda que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, negó la nulidad de la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. De acuerdo con el escrito, esa providencia ratificó la validez del proceso culminado el 21 de marzo de 2024, por lo que la elección se mantenía vigente y eficaz desde el punto de vista jurídico.
Con base en estos antecedentes, el documento cuestiona la Resolución 132 del 24 de noviembre de 2025, mediante la cual se formalizó la designación de Andrés Felipe Mora como rector encargado. Según el denunciante, dicho acto administrativo se sustentó en una vacancia inexistente y tendría como origen una actuación contraria a las sentencias del alto tribunal.
Finalmente, la Red de Veedurías solicitó a la Fiscalía la apertura formal de indagación penal, la recolección urgente de pruebas documentales y audiovisuales, y la citación de los denunciados para rendir entrevista. También pidió que el caso sea tramitado con carácter preferente, dada la relevancia institucional de la Universidad Nacional y la necesidad de preservar la legalidad y la confianza pública en sus órganos de dirección.
