Martha Viviana Bernal Amaya emerge en el panorama político colombiano como una precandidata presidencial con una premisa contundente: limpiar el Estado, devolver la dignidad a los territorios y gobernar con disciplina, técnica jurídica y sensibilidad social. Su carrera ha estado marcada por la defensa del interés público y por una lucha frontal contra estructuras de corrupción que, por décadas, han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. Con una trayectoria cercana a comunidades y pueblos originarios, se posiciona como una figura que escucha y actúa desde el territorio.
Abogada, especialista en Derecho Público y magíster en Derecho Penal Económico y de la Empresa, Bernal Amaya construye su proyecto político sobre tres pilares: rigor jurídico, visión estratégica de Estado y humanismo práctico. Su mayor bandera es la transformación institucional con control real, articulada en acciones verificables y con una convicción: Colombia no se cambia desde slogans, sino desde la capacidad de hacer cumplir la ley y sanar las grietas del Estado. Su formación la ha llevado a estudiar a profundidad cómo operan las redes criminales y cómo desmontarlas con sanciones patrimoniales y vigilancia estatal inteligente.
Conocida como “La Presidenta de Acero”, su estilo combina firmeza con cercanía. El apodo no responde únicamente al carácter, sino a su visión: un país requiere temple para tomar decisiones difíciles, pero también humanidad para que esas decisiones transformen vidas. Ella sostiene que el poder debe dejar de ser herramienta de distanciamiento y convertirse en una fuerza de acompañamiento estatal. Su narrativa, orientada a la regeneración, conecta con sectores que piden un liderazgo que no ceda ante mafias ni intereses privados que capturan al Estado.
Su propuesta de gobierno se rige bajo el marco conceptual “Colombia Autónoma, Transparente y Próspera”, que parte de la autonomía regional y del control anticorrupción como columna vertebral. Su primera gran apuesta programática se enfoca en la educación, con la creación del Sistema Nacional de Educación Regionalizada, modelos de colegios–productivos, universidades regionales, conectividad integral y una visión en la que estudiar no implique emigrar. Su objetivo es que la educación sirva para generar libertad económica y arraigo territorial sostenible.
En materia de seguridad y justicia, su propuesta plantea un cambio de órbita: seguridad preventiva, tecnología con auditoría ciudadana y justicia que funcione sin excusas. Conformaría un Sistema Nacional de Seguridad Inteligente articulado con Fiscalía–Policía–territorios, acompañado de juzgados de flagrancia, unidades móviles de justicia, protección a líderes sociales y un registro público de tiempos de respuesta estatal. Para ella, seguridad no es presencia armada sin más, sino la capacidad de actuar con rapidez, trazabilidad y garantías.
En salud, su planteamiento propone un modelo territorial de atención primaria con historia clínica única interoperable y equipos móviles para zonas apartadas. Busca que el acceso no dependa del código postal, sino de la dignidad del ciudadano. Plantea conexión nacional de especialistas mediante redes regionales, salud mental como política de Estado y compras centralizadas con transparencia verificable en tiempo real. Su énfasis es que la salud se mida en resultados: vidas salvadas, tiempos reducidos y satisfacción real de usuarios.
La economía, desde su mirada, debe reconstruirse desde la base laboral y empresarial de los territorios. Plantea capital semilla para quienes jamás han tenido historial financiero, simplificación de trámites con ventanilla única, formación dual, cadenas de valor regionales e incentivos reales para empresas que formalicen empleo joven y femenino. También impulsa un campo moderno, con precios mínimos, acopio municipal, riego permanente e infraestructura rural; y una transición energética justa, con microredes comunitarias y regiones energéticas autónomas.
El cierre de su visión contempla Estado moderno, juventud con oportunidades y paz territorial. Propone digitalizar el 90% de trámites, oficinas móviles en zonas rurales, interoperabilidad total de datos y una Presidencia con transparencia proactiva mes a mes. En paz y reconciliación, promueve intervenciones integrales que combinen seguridad, infraestructura, empleo y salud con reparación territorial. Su proyecto político busca despertar consciencia colectiva: que Colombia deje de sobrevivir y comience a vivir con protagonismo ciudadano y un Estado que por fin funcione.
