Después de tres décadas sin aplicarse, el Gobierno anunció la activación del mecanismo legal que permite adquirir tierras rurales en manos de bancos y entidades financieras para destinarlas a familias campesinas y comunidades étnicas sin tierra. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ejecutará por primera vez lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015, recientemente ajustado mediante el Decreto 033 de 2025. Con esta medida, los bancos deberán reportar a la entidad los predios rurales recibidos por dación en pago o por decisiones judiciales.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, explicó que esta decisión constituye un giro histórico en materia de acceso a la tierra. Afirmó que, pese a existir desde hace 30 años, la norma nunca había sido implementada de manera real. Con la actualización normativa, las entidades financieras podrán postular sus predios y la Agencia Nacional de Tierras tendrá prioridad para comprarlos antes de que ingresen al mercado privado. El objetivo es que estas tierras sean asignadas a quienes históricamente han enfrentado mayores limitaciones de acceso.
El decreto también establece que propietarios privados ubicados en zonas priorizadas para la Reforma Agraria deberán ofrecer sus tierras primero al Estado antes de venderlas a terceros. La ANT dispondrá de un plazo de 15 días para evaluar cada predio y tomar la decisión de compra. De esta forma, se busca frenar la especulación, fortalecer la planificación territorial y garantizar que la tierra llegue a quienes la necesitan para producir y habitar.
Para cada predio reportado, la entidad adelantará estudios técnicos, jurídicos y territoriales que permitan determinar su vocación, su estado físico y su pertinencia dentro del proceso de distribución. Estas evaluaciones serán clave para asegurar que las compras respondan a criterios de utilidad productiva, sostenibilidad y viabilidad social. El mecanismo también permitirá identificar tierras con potencial agrícola, ambiental y comunitario en distintas regiones del país.
La puesta en marcha de este instrumento había sido solicitada durante años por organizaciones campesinas y étnicas, que reclamaban el cumplimiento de la normativa vigente. La ANT indicó que su activación permitirá acelerar las metas de redistribución y mejorar la capacidad del Estado para intervenir en mercados rurales donde la disponibilidad de predios ofertados es baja o está altamente concentrada. La medida forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la institucionalidad agraria.
De acuerdo con Harman, la reactivación del mecanismo permitirá complementar otras herramientas como la compra de tierras voluntarias, los procesos de ordenamiento social de la propiedad y los programas de formalización. El objetivo es consolidar un sistema integral que aborde las desigualdades históricas del campo y amplíe las oportunidades productivas para miles de familias. La entidad destacó que la prioridad será atender a poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La ANT también señaló que este mecanismo permitirá mejorar la trazabilidad de los predios en manos de bancos, facilitar la identificación de tierras disponibles y acelerar su transferencia a programas de acceso. Además, contribuirá a dinamizar el uso productivo de predios que permanecían improductivos o en situación de abandono. La articulación con gobiernos locales será fundamental para garantizar la implementación en los territorios y acompañar a las comunidades beneficiarias.
Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar en la Reforma Agraria y fortalecer la producción rural como eje de desarrollo territorial. La activación del mecanismo permitirá ampliar el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de vida de familias que han enfrentado barreras históricas para ingresar al mercado agrario. La ANT anunció que iniciará de inmediato las fases de recepción, análisis y priorización de predios para garantizar que esta herramienta comience a operar plenamente en 2026.
