Municipios, departamentos y ciudades capitales del país solicitaron formalmente al presidente Gustavo Petro la sanción presidencial del Proyecto de Ley 030 de 2025 Senado – 405 de 2025 Cámara, aprobado recientemente por el Congreso. La petición fue realizada de manera conjunta por la Federación Colombiana de Municipios, Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Federación Nacional de Departamentos, en representación de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras.
Las organizaciones territoriales advierten que la interpretación vigente del numeral 4 del artículo 3° de la Ley 2468 de 2025 impuso una obligación que afecta de manera estructural la autonomía fiscal de los municipios. En particular, señalan la destinación obligatoria del 10 % de los ingresos corrientes de libre destinación al FONPET, lo que reduce de forma significativa la capacidad de decisión presupuestal de los gobiernos locales.
De acuerdo con las entidades, esta rigidez presupuestal limita el margen de acción de alcaldes y alcaldesas para atender prioridades reales en sus territorios. Sectores estratégicos como infraestructura, servicios públicos, inversión social y desarrollo económico local se ven directamente comprometidos, con impactos concretos sobre la calidad de vida de las comunidades.
Además, la medida genera efectos negativos sobre los indicadores de desempeño fiscal establecidos en la Ley 617 de 2000, restringiendo el acceso al crédito y poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de numerosos municipios. La situación resulta especialmente crítica para los entes territoriales de cuarta, quinta y sexta categoría, profundizando brechas regionales y debilitando el modelo de descentralización.
Desde Asocapitales se reiteró que proteger la autonomía fiscal de las ciudades capitales y de los gobiernos locales es una condición indispensable para el desarrollo territorial. La asociación subrayó que las decisiones presupuestales deben responder a las realidades locales y no quedar atadas a interpretaciones normativas que limiten la gestión pública.
“La autonomía fiscal no es un privilegio, es una condición esencial para que los gobiernos locales respondan con eficacia a las necesidades de sus comunidades”, afirmó Andrés Santamaría, director general de Asocapitales. Según indicó, sancionar este proyecto de ley es coherente con la descentralización, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento del Estado desde lo local.
En el mismo sentido, Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios, hizo un llamado firme y respetuoso al jefe de Estado para que sancione la iniciativa. Aseguró que la decisión enviaría una señal clara de respaldo al ordenamiento fiscal territorial y al bienestar de las comunidades.
Finalmente, las organizaciones reiteraron que continuarán trabajando de manera articulada en defensa de la autonomía de los territorios y la estabilidad financiera de los entes subnacionales. El objetivo, señalaron, es garantizar gobiernos locales fuertes, sostenibles y con capacidad real de gestión para responder a las demandas de la ciudadanía en todo el país.
