El Congreso de la República hundió este martes la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, una iniciativa que buscaba recaudar más de 16 billones de pesos para sostener programas sociales y cerrar la brecha fiscal del 2026. Con una votación mayoritaria en contra en las comisiones económicas, el proyecto quedó archivado, abriendo un escenario de tensión presupuestal para el próximo año y marcando una derrota política para el Ejecutivo en uno de los debates más sensibles del semestre.
La ponencia negativa aprobada en la Comisión Cuarta del Senado —nueve votos contra cuatro— selló el destino de la reforma y frenó cualquier intento de avanzar en la discusión. La iniciativa, que se presentaba como una apuesta redistributiva y progresiva, generó resistencias en varios sectores que cuestionaron su impacto en la clase media y en la actividad empresarial. Con este hundimiento, el Gobierno pierde la herramienta fiscal más ambiciosa del último año legislativo.
El Ejecutivo había insistido en que la reforma era indispensable para garantizar la financiación del presupuesto general de 2026, especialmente en áreas como educación, salud, transición energética y programas dirigidos a poblaciones vulnerables. Sin embargo, la oposición señaló que el proyecto no resolvía problemas estructurales del gasto estatal y que, por el contrario, concentraba el esfuerzo en elevar la carga impositiva sin una reforma profunda al uso eficiente de los recursos.
A esta resistencia se sumaron críticas técnicas provenientes de analistas económicos, quienes advirtieron que algunas medidas propuestas —como los ajustes a los impuestos a las rentas altas o los nuevos gravámenes sectoriales— podían generar efectos contraproducentes en inversión, consumo y estabilidad del mercado laboral. La falta de consenso entre bancadas terminó inclinando la balanza hacia el archivo definitivo del proyecto, pese al esfuerzo del Ministerio de Hacienda por renegociar puntos clave.
El golpe no es solo fiscal, sino político: el Gobierno enfrenta ahora el desafío de reordenar su agenda económica, recomponer alianzas y buscar alternativas que permitan cerrar la brecha presupuestal sin afectar el funcionamiento del Estado. Entre las opciones que se analizan están los recortes, la priorización de inversiones y la presentación de una reforma tributaria más moderada, aunque con tiempos muy estrechos para su trámite.
En el Capitolio, el mensaje fue directo: no habrá apoyo a reformas sin construcción de acuerdos sólidos ni concertación amplia. Varios congresistas señalaron que la iniciativa llegó tarde, sin mayorías claras y sin suficientes espacios de diálogo. Para algunos sectores, el hundimiento refleja el desgaste de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que anticipa un 2026 complejo para cualquier propuesta estructural que implique recaudo adicional.
Mientras tanto, entidades financieras y centros de análisis alertan sobre las posibles implicaciones en el déficit fiscal, advirtiendo que sin nuevas fuentes de financiación el país podría enfrentar un ajuste más severo en inversión social y en obras estratégicas. La incertidumbre también afecta la calificación de riesgo, que podría revisarse ante la ausencia de un plan fiscal robusto, algo que ya mencionan varios informes internacionales.
El hundimiento de la reforma marca un cierre abrupto para una iniciativa que buscaba reorganizar el sistema tributario y ampliar el recaudo del Estado. Ahora, el Gobierno deberá decidir si presenta un nuevo proyecto, si ajusta sus prioridades o si inicia un proceso de negociación más amplio con todos los sectores. Lo claro es que el país entra en una fase de definiciones críticas, donde cada decisión tendrá impacto directo en la economía y en la capacidad de respuesta social del próximo año.
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Economía
