Un juez penal de conocimiento de San Andrés Islas condenó a 30 años y 8 meses de prisión a Hernán Mcgowan Archbold, responsabilizándolo por la desaparición forzada de su compañera sentimental, ocurrida en diciembre de 2010. La decisión se produjo tras valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral. El caso cerró un ciclo de más de 14 años de investigaciones continuas. La víctima era una mujer de 35 años. Desde su desaparición no se ha tenido noticia de su paradero.
Según la investigación, la mujer fue vista por última vez el 19 de diciembre de 2010 en una vivienda del sector La Piscinita, en San Andrés. Desde ese momento, su rastro se perdió por completo. Su compañero sentimental sostuvo ante familiares y autoridades que ella había viajado a Nicaragua para realizar diligencias personales. Incluso afirmó haberla llevado mar adentro para que hiciera un trasbordo hacia otra embarcación. Esa versión se mantuvo por años sin pruebas sólidas que la respaldaran. La Fiscalía desmontó ese relato.
Durante el proceso, una fiscal especializada de la Seccional San Andrés estableció que el hoy condenado fue la última persona que tuvo contacto con la víctima. Asimismo, se confirmó que la mujer nunca ingresó a territorio nicaragüense ni llegó al destino que el hombre mencionó. Las verificaciones migratorias y marítimas desvirtuaron completamente su versión. La evidencia reunida permitió consolidar una línea investigativa contundente. El caso avanzó hacia la imputación formal. El juez consideró acreditada la desaparición forzada.
La Fiscalía también recopiló testimonios que revelaron un ciclo sostenido de violencia física y verbal ejercida por Mcgowan Archbold contra su compañera sentimental. Ese contexto resultó determinante para el análisis del móvil y las circunstancias previas a la desaparición. Las agresiones previas denunciadas por allegados reforzaron la hipótesis de responsabilidad directa. El juez concluyó que existían patrones de control y maltrato que antecedían los hechos. Esto fortaleció los elementos probatorios. La sentencia recoge esas conclusiones.
Con base en todo el material probatorio, el juez determinó que la pena debía ser cumplida en un establecimiento carcelario. Además, impuso una multa equivalente a 1.333 salarios mínimos legales vigentes. La decisión también incluye la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal. La Fiscalía destacó la importancia del fallo. El proceso envía un mensaje sobre la gravedad de la desaparición forzada. Se trata de un delito que deja daños irreparables.
El caso se convierte en una decisión emblemática para el archipiélago, donde no son frecuentes las condenas por desaparición forzada en el ámbito intrafamiliar. Las autoridades resaltaron el trabajo de verificación migratoria y el seguimiento constante a testimonios y evidencia documental. La sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en hechos de violencia de género. La Fiscalía reafirmó su compromiso con las víctimas. La comunidad espera que el fallo contribuya a la memoria del caso.
La investigación reveló inconsistencias en cada una de las versiones entregadas por el hoy condenado. La ausencia de registros migratorios, la inexistencia de movimientos marítimos y la falta de indicios sobre un traslado internacional desmontaron su relato. Para el juez, la conducta se enmarcó en un ocultamiento deliberado del paradero de la mujer. La sentencia insiste en que la verdad histórica debe reconstruirse. El material probatorio resultó concluyente. Las verificaciones lograron desvirtuar toda coartada.
Finalmente, la decisión judicial es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La familia de la víctima pidió que el proceso continúe hasta esclarecer totalmente lo ocurrido y encontrar respuestas sobre su paradero. La Fiscalía anunció que seguirá impulsando las acciones necesarias para mantener activa la investigación complementaria. La condena representa un paso hacia la justicia después de casi década y media de incertidumbre. El caso reafirma la obligación institucional de proteger a las mujeres. La sentencia queda en firme mientras avanza el trámite legal.
