La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, desarticuló una red ilegal señalada de obtener, transportar y comercializar armas de fuego, municiones, explosivos y otros elementos destinados a las disidencias de las Farc. Según la investigación, la estructura habría sostenido durante años un flujo constante de material bélico que llegaba a grupos armados con presencia en Valle del Cauca, Meta, Cauca, Arauca, Guaviare, Nariño y Norte de Santander.
Las actividades investigativas permitieron identificar a nueve personas que, presuntamente, diseñaban métodos de camuflaje en vehículos particulares para ocultar armas y granadas con el fin de evadir controles. Estos elementos eran trasladados por rutas interdepartamentales y entregados a coordinadores regionales que los distribuían entre distintas facciones armadas dedicadas a actividades ilegales.
La Fiscalía estableció que, además del uso de automóviles modificados, los implicados habrían recurrido a empresas transportadoras formalmente constituidas para enviar los cargamentos como si fueran encomiendas legales. Estas maniobras les habrían permitido mover armamento en pequeñas cantidades a distintos puntos del país sin levantar sospechas.
Las autoridades detectaron estas modalidades ilícitas en al menos siete incautaciones realizadas durante los últimos dos años en varios departamentos. En cada uno de estos operativos se encontraron armas cortas y largas, munición de uso privativo, granadas y otros elementos relacionados con actividades delictivas, lo que permitió reconstruir el alcance y funcionamiento de la red.
Los presuntos integrantes fueron capturados y puestos a disposición de un fiscal especializado de la Seccional Cali, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Estas conductas habrían sido cometidas de manera organizada y sistemática.
Durante las audiencias, dos de los procesados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Para los investigadores, este reconocimiento constituye un paso relevante para esclarecer plenamente la cadena de abastecimiento y determinar los nexos logísticos entre los capturados y las estructuras armadas que recibían el material bélico.
Por disposición del juez de control de garantías, ocho de los implicados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que uno permanecerá en libertad bajo medida no privativa, pero con obligaciones judiciales. La decisión busca garantizar su comparecencia al proceso y evitar posibles obstrucciones a la justicia.
Los procesados son: Hugo Arturo Lesmes Roa, Germán Tolosa Ayala, Omar Humberto Roa Pinzón, Carlos Humberto Benavidez Durán, Guillermo León Zamora González, José Ricardo Virgüez Gómez, Arley Mauricio Ruíz Torres y Bahiron Camilo Valencia Vega. Para William Anaya Cifuentes fue impuesta una medida no privativa. La Fiscalía reiteró su compromiso de seguir afectando las economías y redes logísticas de los grupos armados ilegales.
