En un acto público de profundo valor histórico y simbólico, el Estado colombiano reconocerá oficialmente su responsabilidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP). La ceremonia se realizará en Santa Marta, a las 6:30 p. m., y será presidida por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien ofrecerá disculpas públicas en nombre del Estado colombiano.
Este acto constituye una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, notificada el 30 de enero de 2023. En su fallo, el Tribunal internacional declaró al Estado responsable por un patrón sistemático de persecución, violencia y exterminio político que dejó más de 6.000 víctimas desde 1984, configurando uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.
El reconocimiento público busca reivindicar la dignidad de las víctimas y consolidar un mensaje de compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición. “Este acto reafirma el compromiso institucional con la verdad, la reparación integral y la consolidación de las garantías de no repetición, pilares esenciales de un Estado que asume con responsabilidad sus deberes en materia de derechos humanos”, señaló César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En la ceremonia participarán víctimas y familiares, sus representantes, delegados de organismos internacionales, así como altas autoridades del Estado. El evento ha sido concebido como una medida de reparación simbólica, orientada a la construcción de memoria colectiva y al reconocimiento del daño causado por décadas de violencia política contra un movimiento que representó una apuesta democrática de paz y participación.
La sentencia de la Corte IDH ordenó al Estado colombiano un conjunto de 19 medidas de reparación, entre ellas acciones de memoria, justicia, atención en salud, protección e indemnización. Varias de ellas ya han sido cumplidas, mientras que otras se encuentran en fase de concertación con las víctimas y sus organizaciones. El fallo también instó a fortalecer las garantías institucionales para prevenir nuevos actos de persecución política.
El Tribunal internacional documentó desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, desplazamientos y amenazas como parte de un plan sistemático de exterminio. Asimismo, reconoció la vulneración del derecho a la verdad de la sociedad colombiana, derivada de la falta de investigación y del ocultamiento histórico de los hechos. Este acto de perdón y reconocimiento público marca un paso decisivo hacia la reconciliación y la reconstrucción de la memoria democrática en Colombia.
