Un juez penal de conocimiento condenó a Marco Antonio Parra Rodríguez a 43 años y 9 meses de prisión por el feminicidio agravado de una adolescente de 15 años, ocurrido el pasado 12 de marzo en zona rural del municipio de Chocontá, Cundinamarca. La decisión se tomó tras valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, que reconstruyó el crimen mediante videos, evidencia biológica y testimonios.
Según la investigación, Parra Rodríguez abordó a la menor en la vereda Pueblo Viejo Alto y la llevó hacia una zona boscosa, donde horas después fue hallado el cuerpo sin vida de la víctima. Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona rural permitieron rastrear el desplazamiento del agresor y confirmar que fue la última persona que tuvo contacto con la joven antes de su muerte.
Durante la inspección al lugar de los hechos, las autoridades hallaron una prenda de vestir, un bolso y un celular pertenecientes al hoy condenado. Además, la prueba científica fue determinante: los análisis de ADN confirmaron que el material genético encontrado en el cuerpo de la víctima correspondía a Parra Rodríguez, lo que reforzó la hipótesis de la Fiscalía sobre su autoría directa en el crimen.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), que reunió evidencia técnica, testimonial y forense para demostrar que el ataque fue premeditado y violento. La Fiscalía sostuvo durante el proceso que se trató de un feminicidio agravado, por lo que solicitó la máxima sanción penal disponible.
El juez determinó que Parra Rodríguez deberá cumplir la pena en centro carcelario, sin posibilidad de sustitución por prisión domiciliaria. La condena también incluyó la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el tiempo que dure la sanción, según lo establecido en el Código Penal colombiano.
La Fiscalía reiteró que la sentencia constituye un mensaje claro de no tolerancia frente a los crímenes contra niñas y adolescentes, y que continuará priorizando investigaciones relacionadas con violencia basada en género y feminicidios, especialmente en zonas rurales donde la denuncia es más difícil.
Contra el fallo proceden los recursos de ley, aunque la Fiscalía afirmó que la sentencia está sustentada en evidencia sólida que descarta cualquier hipótesis distinta a la culpabilidad del condenado. El caso se suma a los 168 feminicidios documentados en el país durante 2025, cifra que mantiene en alerta a organizaciones de derechos humanos y entidades estatales.
