Colombia continúa consolidándose como uno de los países con mejores condiciones para invertir en infraestructura de carga en la región. La semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40559 del 21 de noviembre de 2025, una norma clave que establece estándares mínimos, protocolos internacionales de reporte y lineamientos técnicos para modernizar el ecosistema de carga. Con ello, el país adopta criterios de interoperabilidad para estaciones de acceso público destinadas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
La resolución es un paso determinante dentro de la estrategia nacional de movilidad sostenible. Ahora, el Ministerio anunció un nuevo paquete de incentivos que busca acelerar la expansión del sector y atraer más inversión privada. Entre las medidas se encuentran exenciones tributarias, contratación de energía en el mercado no regulado y la reducción del 20% en la contribución, aspectos que hacen más rentable el desarrollo de infraestructura de carga en todo el territorio colombiano. Esto representa un impulso directo para operadores y nuevos inversionistas.
Gracias a estas disposiciones, los prestadores del servicio de carga podrán reducir costos operativos y acceder a beneficios tributarios que favorecen la transición energética. La norma permite que la energía destinada a la carga de vehículos eléctricos esté exenta de la contribución del 20%, lo que disminuye de manera significativa los costos directos de operación. A ello se suma la posibilidad de contratar energía sin límites de potencia ni consumo mensual, una medida que flexibiliza la gestión del servicio y amplía los márgenes de negociación para los operadores.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, destacó que estas actualizaciones normativas eliminan barreras y crean un entorno más competitivo. Según explicó, la contratación en el mercado no regulado sin restricciones de potencia permitirá a los operadores acceder a tarifas más competitivas y a esquemas de abastecimiento más eficientes. Esto se traduce en un incentivo adicional para quienes desean invertir en infraestructura de carga, especialmente en zonas donde el mercado está en expansión y requiere dinamización.
Además de estas medidas recientes, la cartera recordó que los beneficios contemplados en la Ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021 continúan vigentes y fortalecen la apuesta por la movilidad eléctrica. Estos incentivos incluyen exención de aranceles, exención de IVA, depreciación acelerada y descuentos en el impuesto de renta para proyectos energéticos. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) es la entidad encargada de establecer los parámetros para acceder a estos alivios, que complementan el paquete presentado por el Ministerio.
Para el ministro Palma Egea, este conjunto de herramientas regulatorias y tributarias convierte a Colombia en un destino atractivo para la inversión en infraestructura de carga. “Estamos eliminando barreras y creando un entorno que estimula la innovación y la movilidad limpia”, afirmó. El funcionario resaltó que, además de impulsar la transición energética, estos incentivos fortalecen el ecosistema empresarial y abren oportunidades para nuevas tecnologías enfocadas en eficiencia y sostenibilidad.
El Ministerio también enfatizó que cada avance en infraestructura se traduce en beneficios económicos y sociales para las regiones. Palma Egea señaló que “la transición energética no solo es un objetivo ambiental, es un motor de desarrollo. Cada nueva estación de carga significa empleo, tecnología y competitividad para nuestras regiones”. La expansión de estos puntos permitirá fortalecer corredores viales, mejorar la experiencia de los usuarios y consolidar una red de carga robusta y confiable.
Con este nuevo paquete de medidas, el Gobierno reafirma su compromiso con una movilidad eléctrica accesible, eficiente y económicamente viable para todos los colombianos. La modernización de la infraestructura de carga, sumada a la eliminación de barreras regulatorias y a los incentivos tributarios, posiciona a Colombia como un referente regional en electromovilidad. El país avanza hacia un modelo energético más limpio y competitivo, con reglas claras para atraer inversión y acelerar la adopción de tecnologías sostenibles.
