La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y Aris Mining Corporation firmaron un acuerdo de transacción que pone fin al arbitraje Inversionista-Estado iniciado en 2018 ante el CIADI. El caso, promovido originalmente por Gran Colombia Gold Corp., se desarrollaba bajo el tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia y se convirtió en una de las controversias más complejas para la defensa jurídica del país. Con este pacto, Colombia logra su primer cierre amistoso de una disputa internacional de inversión, un precedente que moderniza la forma en que se resuelven estos casos. La negociación incluyó mesas técnicas, cooperación interinstitucional y una evaluación conjunta de riesgos jurídicos. Según la ANDJE, el acuerdo refleja una nueva política pública basada en el diálogo.
El arbitraje comenzó en mayo de 2018 cuando Gran Colombia Gold Corp., luego GCM Mining, alegó afectaciones a su inversión en Marmato. Tras su fusión con Aris Gold en 2022, la compañía resultante, Aris Mining, asumió el procedimiento y mantuvo la demanda activa. Durante estos años, el proceso avanzó con múltiples etapas procesales y reclamaciones que incluían una indemnización en efectivo por daños presuntamente sufridos. Sin embargo, el Estado colombiano apostó por una salida negociada y propuso suspender el procedimiento para explorar alternativas. El cambio permitió abrir un espacio para el diálogo y la construcción de una solución de beneficio mutuo. Este giro marcó un punto de inflexión en la estrategia jurídica del país.
Neil Woodyer, director ejecutivo de Aris Mining, destacó que el acuerdo refleja el compromiso conjunto con la seguridad y la minería responsable. Afirmó que ambas partes coincidieron en privilegiar el entendimiento sobre la confrontación, buscando una solución que fortaleciera la estabilidad de las operaciones en Marmato. También resaltó el papel de la ANDJE y de las entidades participantes por su disposición técnica y su voluntad de llegar a un resultado equilibrado. Según Woodyer, el enfoque colaborativo permitió superar tensiones históricas con el Estado. El empresario calificó el cierre como una señal de confianza para la inversión responsable en Colombia.
Con la firma del Acuerdo de Conciliación, el arbitraje del CIADI queda oficialmente terminado sin obligación de pago en efectivo por ninguna de las partes. Este punto es considerado un logro significativo para el Estado colombiano, que enfrentaba reclamaciones de alto impacto económico. En lugar de una compensación monetaria, el pacto establece un marco de cooperación a diez años que será supervisado por un comité mixto. Este órgano estará integrado por representantes del Gobierno y de Aris Mining, responsables de evaluar los avances y resolver dudas sobre la implementación. La estructura garantiza seguimiento, control y transparencia en cada compromiso asumido.
El acuerdo contempla tres instrumentos claves desarrollados conjuntamente durante el proceso de negociación. El primero es un pacto para la formalización minera y el desarrollo sostenible en Marmato, suscrito con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería. El segundo es un acuerdo de colaboración y cooperación con la Policía Nacional, destinado a mejorar la seguridad en las zonas de operación. El tercero es un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa para fortalecer la articulación institucional en el territorio. Estos instrumentos reemplazan la disputa por una hoja de ruta conjunta. Y proyectan acciones hacia la legalidad y el desarrollo.
El documento también incorpora compromisos adicionales con otras entidades estatales. La Fiscalía General de la Nación se comprometió a dar trámite a las noticias criminales y denuncias penales interpuestas por la compañía en el marco de la conflictividad minera. De igual forma, CORPOCALDAS coordinará labores de vigilancia ambiental y control minero para garantizar el cumplimiento de las normas en Marmato. Estas acciones buscan cerrar brechas institucionales que alimentaron tensiones en el pasado. Y permitirán ordenar la actividad económica de la zona. El objetivo es prevenir nuevas disputas mediante coordinación oportuna.
Para el director de la ANDJE, César Palomino Cortés, el acuerdo representa un avance estratégico en la defensa jurídica del Estado. Según expresó, demuestra que Colombia puede resolver controversias de inversión sin depender exclusivamente del litigio internacional. La apuesta por el diálogo fortalece la seguridad jurídica del país y proyecta confianza a los inversionistas que actúan bajo estándares responsables. El funcionario sostuvo que este tipo de mecanismos alivian la carga procesal y reducen riesgos financieros. Y posicionan a Colombia como un referente en soluciones amistosas dentro del sistema de arbitraje global. El acuerdo, dijo, es un triunfo institucional.
La conciliación con Aris Mining marca un precedente para futuros casos en los que Colombia enfrente controversias similares. La experiencia demuestra que la solución dialogada puede generar beneficios superiores a los litigios prolongados. Además, abre un espacio de cooperación de largo plazo que permitirá fortalecer la presencia institucional en Marmato y mejorar las condiciones de seguridad, sostenibilidad y formalización del territorio. Para el Gobierno, este cierre reafirma su compromiso con prácticas empresariales responsables y con la protección jurídica de los recursos públicos. La conclusión del arbitraje proyecta un mensaje de estabilidad. Y consolida una nueva etapa en la relación entre Estado e inversionistas.
