La actividad investigativa dirigida por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Medellín, puso al descubierto posibles irregularidades en seis contratos celebrados en el periodo 2020 - 2023, entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMBA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia).
Los contratos tenían por objeto el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la reducción del riesgo de desastres, la formación
bomberil en atención de emergencias y la entrega de kits bioseguridad para atender las necesidades ocasionadas por el Covid-19.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que los procesos de selección se habrían realizado de manera directa, desconociendo la pluralidad y selección objetiva de oferentes con el propósito de beneficiar a uno en específico. También fueron detectados presuntos sobrecostos en los productos que conformaban los paquetes de bioseguridad, giros por servicios de transporte que nunca se prestaron y recargas a líneas celulares que no
se realizaron, entre otras anomalías que ocasionaron un posible detrimento patrimonial que superó los 2.481 millones de pesos.
De igual manera, se conoció que parte de los recursos que debían utilizarse para cubrir las actividades previstas, al parecer, fueron usados por el contratista y representante legal de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, para financiar su campaña política a la Cámara de Representantes.
Por todo lo anterior, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Cadavid Jaramillo; al suplente de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, Elkin de Jesús González Correa; y a la funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, María Yaneth Rúa García. De acuerdo con su eventual participación en los hechos investigados, fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y como intervinientes, e interés indebido en la celebración de contratos.
Los procesados no aceptaron cargos. Cadavid Jaramillo y Rúa García deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario; mientras que González Correa seguirá vinculado a la investigación.
Sección
Local
