El Ministerio de Minas y Energía presentó el proyecto de resolución que definirá los lineamientos técnicos para que todas las estaciones de carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables del país funcionen bajo un sistema interoperable. La medida busca que cualquier usuario pueda conectar su vehículo en cualquier punto de carga, sin importar la empresa operadora, el tipo de cargador o el lugar del país donde se encuentre.
La iniciativa fue socializada durante un taller que reunió a más de 150 representantes de la industria energética y automotriz, además de academia y gremios del sector. La viceministra de Energía, Karen Schutt, afirmó que el cambio regulatorio “marca un antes y un después para la movilidad eléctrica en Colombia, al ofrecer confianza al usuario, reglas claras para el mercado y un modelo alineado con la transición energética”.
Actualmente, Colombia cuenta con 229 estaciones de carga pública, 401 cargadores y 746 conectores, concentrados en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El reto, según el Ministerio, será llevar la infraestructura a regiones intermedias y rurales, para asegurar que la electromovilidad no sea un beneficio exclusivo de las principales ciudades, sino un motor de equidad territorial.
El proyecto propone adoptar los conectores Tipo 2 (AC) y CCS2 (DC) como estándar oficial para el país, además del protocolo OCPI, que permitirá reportar en tiempo real la ubicación, disponibilidad y tarifas de cada estación. Toda la información será administrada por la UPME y publicada en plataformas de datos abiertos, con el fin de fortalecer la transparencia y la planeación sectorial.
Las proyecciones oficiales señalan que, para 2030, el país necesitará al menos 20.000 puntos de carga, lo que implicará inversiones de entre 255 y 390 millones de dólares. “Esa expansión solo será posible con interoperabilidad garantizada, claridad regulatoria y trabajo conjunto entre Estado, empresa privada y ciudadanía”, señaló Schutt.
El Gobierno sostiene que la interoperabilidad no es únicamente un avance tecnológico, sino una herramienta de justicia energética: permite que cualquier conductor, sin importar su nivel de ingreso o ciudad, acceda a una red de carga estandarizada, segura y eficiente. Con esto, Colombia busca consolidarse como referente regional en movilidad eléctrica.
La resolución entrará en consulta pública antes de su expedición final, en un proceso que el Ministerio espera cerrar antes de terminar 2025. Una vez adoptada, será obligatoria para operadores, fabricantes, importadores y redes de carga, convirtiéndose en la base regulatoria del ecosistema eléctrico del país.
