El Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, lideró una audiencia pública social en el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso (Cesar), donde más de 250 personas participaron en un diálogo abierto sobre el futuro de la actividad minera en la región. El encuentro, convocado por el senador Paulino Riascos a petición de líderes comunitarios, reunió a pequeños mineros, trabajadores cesantes, empresarios hoteleros y comerciantes que hacen parte de la cadena productiva del carbón.
Durante la jornada, el Gobierno Nacional presentó los avances del Distrito Minero “Corredor de Vida”, un proyecto que abarca los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico, y cuyo decreto se encuentra en proceso de socialización. Este plan busca articular esfuerzos de reconversión productiva, desarrollo sostenible y fortalecimiento comunitario ante la transición energética que vive el país.
El Pacto por la Transición Justa del Corredor de Vida prioriza 45 proyectos estratégicos valorados en más de $433 mil millones de pesos, enfocados en ejes clave como salud, conectividad vial, saneamiento básico, gestión ambiental y nuevas oportunidades laborales. Con este plan, el Gobierno busca garantizar que las comunidades afectadas por la suspensión de operaciones mineras tengan alternativas reales de sustento y desarrollo.
Entre las voces del territorio, destacó el testimonio de Wilfredo Pérez Felisola, trabajador del Consorcio Minero del Cesar – Mina La Francia y miembro de la asociación sindical seccional Becerril, quien recordó que 86 trabajadorespermanecen en situación de abandono laboral desde 2013. “Hoy hemos dado un paso muy significativo en nuestra lucha por reivindicar nuestros derechos laborales. Fuimos escuchados y eso nos da esperanza”, expresó Pérez, señalando que aunque la justicia ha fallado a favor de los trabajadores, las órdenes de pago siguen sin cumplirse.
El cierre abrupto de la minera CNR y del Consorcio Minero del Cesar, ocurrido hace más de 14 años, dejó a decenas de familias con contratos inactivos, sin salario, y dependiendo únicamente de las coberturas de salud y pensión. Esta situación, planteada durante la audiencia, refleja los desafíos sociales y económicos de una región que enfrenta la disminución de la actividad carbonífera sin un plan de sustitución productiva plenamente implementado.
Por parte del Gobierno, Rafael Oñate, asesor del Ministerio de Minas, aseguró que ya se están habilitando mecanismos concretos de apoyo para los municipios del corredor, como la participación en convocatorias de incentivos a la producción. A su vez, Antonio Avendaño, delegado del Ministerio del Trabajo, destacó la necesidad de que los proyectos formulados por la Gobernación del Cesar se discutan directamente con las comunidades para garantizar su apropiación y sostenibilidad.
Como resultado de la audiencia, se acordó la creación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional y Social, con participación de entidades del Estado, organizaciones sociales y de la economía popular. Esta mesa tendrá como tarea central articular soluciones en materia laboral, ambiental y económica, asegurando que la transición minera sea una oportunidad y no una pérdida para las comunidades.
El encuentro en La Loma dejó un mensaje claro: la transición energética debe ser un proceso justo, participativo y humano. El reto del Gobierno no solo radica en reemplazar una actividad económica, sino en construir un modelo que devuelva dignidad y esperanza a miles de familias del Cesar que por décadas han sostenido con su trabajo el motor minero de Colombia.
