La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos en condiciones insalubres y sin las licencias médicas correspondientes en varios barrios de Medellín. Los operativos, desarrollados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se llevaron a cabo tras las denuncias de 24 víctimas que sufrieron complicaciones graves de salud luego de someterse a una supuesta “lipólisis láser con transferencia glútea” ofrecida por redes sociales.
Según la investigación, las intervenciones se realizaron en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, donde fueron habilitados improvisados quirófanos sin las mínimas condiciones de higiene, asepsia o seguridad médica. En estos espacios, al menos 48 mujeres habrían sido atendidas bajo promesas de resultados rápidos y precios reducidos, sin que existiera ningún control sanitario o supervisión de las autoridades de salud.
Las capturadas fueron identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, quienes presuntamente participaban de forma directa en las cirugías, además de realizar labores de administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos. Ninguna de ellas contaría con formación profesional ni certificaciones en medicina o estética avanzada.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, estas intervenciones ilegales habrían provocado cuadros infecciosos, deformidades permanentes y limitaciones funcionales en varias de las víctimas, quienes acudieron posteriormente a reclamar por los daños sufridos sin recibir atención ni respuestas. El caso ha generado preocupación por el aumento de este tipo de prácticas clandestinas en distintas ciudades del país.
La Fiscal Seccional de Medellín encargada del proceso imputó a las tres mujeres los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas. Durante la audiencia de imputación, las procesadas no aceptaron los cargos, mientras la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para evitar su fuga y proteger la integridad de otras posibles víctimas.
El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra las tres implicadas. Las investigaciones continúan para determinar si existieron otros colaboradores o responsables de ofrecer servicios médicos irregulares bajo la misma red. La Fiscalía también verificará si las víctimas fueron contactadas mediante páginas o perfiles falsos en redes sociales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar la idoneidad y registro profesional de quienes ofrecen procedimientos médicos o estéticos. Advirtieron que acudir a centros no habilitados o personal sin licencia puede poner en riesgo la vida y generar consecuencias irreversibles. La investigación continúa en curso bajo la coordinación de la Seccional Medellín y el CTI.
