La Policía Metropolitana de Bogotá adelantó un operativo de inspección y control en establecimientos que presuntamente funcionaban bajo fachadas sindicales y que estarían relacionados con situaciones que afectan la seguridad ciudadana. Durante las intervenciones, en las que participaron más de 200 uniformados de diferentes especialidades y varias entidades distritales y nacionales, fueron encontrados 24 menores de edad. Además, las autoridades reportaron capturas, incautaciones de armas y sustancias estupefacientes, así como la suspensión temporal de actividades en 6 establecimientos.
El procedimiento se desarrolló de manera articulada con el Ministerio del Trabajo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y otras entidades. Las acciones estuvieron dirigidas a verificar las condiciones de funcionamiento de estos lugares y atender posibles irregularidades. Durante las inspecciones, los uniformados encontraron a los menores de edad, quienes, según la información oficial, al parecer estarían consumiendo bebidas embriagantes. Posteriormente, fueron entregados a la Policía de Infancia y Adolescencia y puestos a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.
Como resultado de las intervenciones, las autoridades ordenaron la suspensión temporal de la actividad económica en 6 establecimientos. Las medidas tendrán una duración de entre 10 y 90 días, de acuerdo con las disposiciones aplicadas durante los procedimientos. La Policía señaló que estos lugares operaban bajo una fachada sindical, situación que motivó las acciones de inspección, vigilancia y control desarrolladas con el acompañamiento de las instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de las normas.
El operativo también dejó 2 personas capturadas por el presunto delito de tráfico de estupefacientes. En los establecimientos fueron incautadas 12 armas cortopunzantes y 1 arma traumática, además de 44 gramos de tusi y 2 frascos de popper. A estos resultados se sumó la inmovilización de 2 vehículos. Los elementos encontrados quedaron bajo los procedimientos correspondientes, mientras las autoridades avanzan en las actuaciones relacionadas con los hechos identificados durante las intervenciones.
De acuerdo con las investigaciones mencionadas por la Policía, los establecimientos intervenidos llevarían cerca de 3 años operando. Según la información preliminar, su actividad generaría ingresos aproximados de $10 millones mensuales. Las autoridades también señalaron que estos lugares estarían afectando la seguridad del sector, debido a situaciones relacionadas con el ingreso de menores de edad y el presunto tráfico de sustancias estupefacientes en sus instalaciones.
La presencia de 24 menores en estos establecimientos se convirtió en uno de los principales hallazgos de la jornada, debido a los riesgos asociados con su posible exposición al consumo de alcohol y otras sustancias. Por esta razón, los adolescentes fueron puestos bajo la atención de las autoridades de protección, mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes. La intervención contó con la participación de diferentes especialidades policiales y entidades responsables de la vigilancia y protección de la población menor de edad.
Las acciones hacen parte de los procedimientos de control que buscan intervenir espacios donde se identifiquen posibles actividades ilegales o condiciones que comprometan la convivencia. En este caso, la articulación entre la Policía Metropolitana, el Ministerio del Trabajo y las dependencias distritales permitió desarrollar inspecciones simultáneas y adoptar medidas sobre los establecimientos. Los resultados incluyen cierres temporales, capturas e incautaciones, además de la activación de rutas institucionales para atender a los menores encontrados.
La Policía Nacional reiteró que continuará adelantando operativos coordinados con las autoridades político-administrativas para enfrentar situaciones que afecten la seguridad y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. La intervención en estos 6 establecimientos deja en evidencia la importancia de los controles institucionales sobre lugares abiertos al público, especialmente cuando se presentan presuntas irregularidades que involucran a menores de edad y posibles actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
