La Ley de Rescate no puede convertirse en un cheque en blanco para el Gobierno ni en una nueva factura que termine pagando la ciudadanía. El proyecto llega al Congreso en medio de dificultades fiscales, pero también de errores de planeación, problemas de coordinación y decisiones políticas que el Ejecutivo debe asumir. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, no puede quedar al margen de esa discusión, especialmente cuando las fallas relacionadas con el trámite presupuestal también comprometieron a su cartera y contribuyeron al episodio que terminó con la salida de Rodrigo Lara Restrepo, no fue una responsabilidad exclusivamente de Interior: Hacienda también debe responder.
Resulta políticamente cómodo concentrar las explicaciones en el Ministerio del Interior y pasar por alto las obligaciones de Hacienda. Lara tenía la responsabilidad en la interlocución parlamentaria y en la articulación política, pero Gómez Martínez debía garantizar la planeación, la coordinación técnica y el acompañamiento presupuestal. Si hubo fallas en ese proceso, el ministro de Hacienda debe explicarlas. No se puede sacrificar políticamente a un funcionario para cerrar una crisis mientras otro permanece al margen del escrutinio, la responsabilidad pública no puede repartirse según las conveniencias del Gobierno ni convertirse en un ejercicio de protección entre quienes comparten el poder.
A esa falta de claridad se suma un error político del Ejecutivo: presentar un proyecto de semejante impacto sin una socialización suficiente con los parlamentarios. El Gobierno no puede esperar que los congresistas respalden una iniciativa que no ha sido discutida previamente con ellos, cuyos alcances no se han explicado de manera amplia y que compromete directamente el bolsillo de millones de colombianos, socializar no significa pedir permiso ni negociar puestos; significa escuchar, argumentar, explicar las cifras y construir acuerdos, la democracia no consiste en radicar proyectos y exigir obediencia, sino en deliberar antes de tomar decisiones que afectan a toda la sociedad.
Las reacciones de los partidos demuestran el costo de esa falta de interlocución. Los reparos no provienen únicamente de la oposición: también han surgido en las filas que respaldan al presidente, Congresistas de Salvación Nacional, la colectividad que acompañó su candidatura, han rechazado los aumentos tributarios; sectores del Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido Conservador y algunos de Alianza Verde también han expresado objeciones, desde el Pacto Histórico, la oposición cuestiona el impacto social de la iniciativa y ha anunciado movilizaciones. No hay, por tanto, un consenso automático alrededor del proyecto, ni siquiera entre quienes coinciden en reducir el tamaño del Estado.
El punto de mayor resistencia está en el componente tributario y, particularmente, en los cambios al IVA. Las propuestas que pueden encarecer productos cotidianos como café, azúcar, frutas, verduras y otros bienes, además de afectar insumos del campo, han encendido las alarmas de distintas bancadas, también generan reparos los cambios en el impuesto de renta y las cargas que podrían alcanzar a sectores de ingresos medios, la discusión no es menor: cuando se grava el consumo, el impacto puede sentirse con especial fuerza en los hogares que destinan casi todo su ingreso a alimentación, transporte y necesidades básicas, no basta con presentar el recaudo como una cifra.
El Congreso debe actuar con coherencia, independencia y responsabilidad. No puede aprobar el proyecto por disciplina partidista, conveniencia burocrática o temor a enfrentarse al Ejecutivo, cada parlamentario debe estudiar el articulado y preguntarse quién termina beneficiado y quién asume los costos, las primeras reacciones muestran que varios sectores están dispuestos a respaldar la reducción del gasto, pero no necesariamente los nuevos impuestos, esa diferencia debe respetarse y traducirse en una discusión seria. Si el proyecto llega a convertirse en ley, no puede ser a costa de vaciarlo de garantías sociales ni de aprobar disposiciones que terminen perjudicando a la población que el Estado tiene la obligación de proteger.
En materia de austeridad, también hay que poner las cosas en su lugar. El problema no es reducir las órdenes de prestación de servicios por capricho ni convertir a todos los contratistas en responsables del desorden estatal, lo que debe revisarse es la contratación innecesaria, el pago por actividades que no producen resultados y la duplicidad de funciones entre dependencias. El Estado tiene que identificar dónde se desperdician los recursos, eliminar estructuras improductivas y prescindir de quienes cobran sin cumplir una labor efectiva, pero no puede utilizar la reducción de las OPS como una operación indiscriminada que termine afectando a profesionales y trabajadores que sí cumplen funciones esenciales y a cabalidad.
Una verdadera reforma administrativa debe distinguir entre el contratista que no aporta resultados y aquel que sostiene tareas necesarias para el funcionamiento de una entidad pública, la eficiencia no consiste en despedir por mostrar cifras de ahorro, sino en revisar funciones, evaluar resultados y eliminar privilegios, burocracia inútil y gastos injustificados. Y si después de ese ejercicio el Gobierno pretende resolver el desequilibrio imponiendo más impuestos sobre la clase media y trabajadora, estará repitiendo una fórmula que ya generó un profundo rechazo durante el gobierno inmediatamente anterior: cargar sobre quienes viven de su salario y de su trabajo el peso de las decisiones económicas del Estado.
El riesgo legislativo es evidente: si el Ejecutivo no escucha las objeciones y no modifica los artículos más cuestionados, el proyecto puede terminar aprobado, pero profundamente recortado, particularmente en su componente tributario y en las disposiciones relacionadas con el IVA, las advertencias de congresistas de gobierno y oposición anticipan una negociación difícil. La llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior tendrá que medirse por su capacidad de recuperar el diálogo y construir acuerdos, no por la presión que consiga ejercer sobre las bancadas, el Gobierno necesita mayorías, pero primero debe ofrecer razones para que sus propios aliados encuentren viable acompañarlo.
La Ley de Rescate necesita responsabilidad fiscal, pero también justicia social y responsabilidad política. Colombia requiere un Estado eficiente, no uno desmantelado; menos contratación inútil, no trabajadores esenciales en la calle; mejores ingresos públicos, no impuestos que asfixien a quienes sostienen la economía desde sus hogares y empleos. Miguel Gómez Martínez debe responder politicamente por la parte que le corresponde, el Ejecutivo debe explicar por qué no socializó oportunamente su iniciativa y el Congreso debe recordar que su compromiso principal no es con el Gobierno ni con las directivas de los partidos, sino con la ciudadanía. Que se aprieten el cinturón quienes administran mal, que se eliminen los gastos que no sirven y que se acaben los privilegios; pero que no pretendan rescatar las finanzas públicas sacrificando a la clase media y trabajadora. El pueblo colombiano no puede seguir pagando los errores de sus gobernantes.
Columna de. Juan Pablo Castillo
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