Una investigación realizada por la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, a través de PROESA, y Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile advierte que el diseño de los impuestos al tabaco puede influir directamente en los hábitos de consumo y la salud pública. Según las microsimulaciones, el Proyecto de Ley 243 de 2026 podría aumentar en 3,6 % el número de fumadores de cigarrillos convencionales, equivalente a cerca de 92.000 personas adicionales.
Los resultados fueron presentados el 3 de noviembre de 2026, durante un encuentro académico en Bogotá, en el que se compararon distintas propuestas tributarias para cigarrillos tradicionales y electrónicos. El análisis señala que aumentar los impuestos es una herramienta necesaria, pero advierte que las diferencias entre las tarifas pueden generar incentivos para sustituir un producto por otro. En el escenario del Proyecto de Ley 243, el precio de los cigarrillos electrónicos subiría 55,3 %, mientras el de los convencionales aumentaría 9,2 %.
De acuerdo con el modelo, esa diferencia podría llevar a algunos consumidores de dispositivos electrónicos a cambiarse a los cigarrillos tradicionales o a combinar ambos productos. Cerca de 7 de cada 10 personas adicionales estimadas serían adolescentes, y alrededor de 64.000 tendrían entre 12 y 18 años. Los investigadores aclaran que se trata de proyecciones y no de un incremento ya observado; tampoco significa que todas esas personas comenzarían a consumir tabaco o nicotina por primera vez.
El estudio comparó ese escenario con una propuesta de la sociedad civil que plantea mayores incrementos tributarios para ambos productos. Bajo esa alternativa, las microsimulaciones estiman una reducción del 5,1 % en el número de fumadores convencionales y del 32,3 % en la cantidad de cajetillas consumidas. Entre las organizaciones que han expresado preocupación por el Proyecto de Ley 243 están Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI, que reclaman decisiones sustentadas en evidencia científica.
El debate también incorpora el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado “Ley de Rescate Económico”, presentado por el Gobierno el 29 de octubre. La iniciativa propone que, a partir de 2028, el impuesto llegue a $11.200 por cajetilla de 20 cigarrillos, más un 10 % ad valorem, y a $2.000 por mililitro para cigarrillos electrónicos, más un 30 %. Estas tarifas se acercan a la propuesta de la sociedad civil analizada por los investigadores, que plantea $13.000 por cajetilla y $2.000 por mililitro.
Para el escenario de la propuesta gubernamental, el modelo calcula una posible disminución del 3,5 % en el número de fumadores convencionales y del 24,1 % en las cajetillas consumidas. También proyecta diferencias en el recaudo: el Proyecto de Ley 243 generaría $267.900 millones adicionales al año; la Ley de Rescate Económico, $686.800 millones, y la alternativa de la sociedad civil, $955.500 millones. Los autores advierten que estas cifras corresponden a simulaciones y no representan predicciones de los ingresos que efectivamente recibirá el Estado.
El documento recuerda que la reforma tributaria de 2016 triplicó el impuesto específico por cajetilla y que, durante los 2 años siguientes, el consumo de cigarrillos cayó un 34 %, cerca de un millón menos de fumadores, mientras el recaudo casi se duplicó. También señala que la incidencia de cigarrillos ilícitos fue del 16,9 % en 2023. En materia de salud, cita más de 34.800 muertes anuales asociadas al tabaco y pérdidas económicas cercanas a $17 billones, equivalentes al 1,8 % del PIB colombiano.
La investigación también advierte sobre la exposición de la población joven: un estudio escolar de 2022 encontró que 11 de cada 100 estudiantes de entre 12 y 18 años habían probado cigarrillos convencionales, mientras 22 de cada 100 habían utilizado cigarrillos electrónicos. Cerca de la mitad inició a los 14 años o antes. Los investigadores plantean que el reto legislativo consiste en establecer impuestos que reduzcan el consumo de ambos productos, protejan a los adolescentes y eviten diferencias de precios que incentiven el paso de los dispositivos electrónicos a los cigarrillos tradicionales.

