La discusión sobre la Ley de Rescate Fiscal del gobierno de Abelardo De La Espriella obliga a separar el relato político de la arquitectura tributaria. El Presidente llegó con la promesa de reducir impuestos, adelgazar el Estado y recuperar la inversión; sin embargo, el proyecto radicado el 29 de octubre combina recortes de gasto con ampliaciones de la base gravable y nuevos gravámenes, esa mezcla no convierte su programa en una réplica del de Gustavo Petro, pero sí desmiente la idea de que las dos agendas tributarias transitan por caminos completamente opuestos.
La coincidencia más visible está en los instrumentos, de acuerdo con los análisis publicados sobre el proyecto, de sus 50 artículos tributarios, un 16% coincide con medidas propuestas por Petro en 2025 y otro 42% presenta semejanzas parciales, entre ellas aparecen gravámenes al consumo de licores, cigarrillos, vapeadores y apuestas en línea, además de impuestos al carbono, compras digitales y una sobretasa al sector financiero. No es una identidad de proyectos, pero sí una continuidad de herramientas fiscales que merece explicaciones.
La semejanza también revela una restricción estructural: gobiernos de signos distintos terminan buscando recursos en bases tributarias conocidas cuando el déficit aprieta y el gasto comprometido deja poco margen. Petro defendió su reforma de 2025 como una vía para financiar el presupuesto y aumentar el aporte de sectores con capacidad económica; De La Espriella presenta su ley como rescate fiscal y la acompaña de promesas de austeridad. El propósito político cambia, pero la necesidad de recaudo conduce a gravar consumos y actividades que ambos consideran fuentes disponibles de ingresos.
Las diferencias, no obstante, son sustanciales, la reforma de Petro tenía un énfasis redistributivo y proponía elevar la carga sobre determinados sectores, entre ellos el financiero, además de gravar actividades digitales y consumos específicos, la reforma de De La Espriella agrega un componente explícito de reducción del Estado y contempla bajar gradualmente la renta corporativa, al tiempo que amplía obligaciones para hogares y trabajadores, su diseño intenta combinar alivio empresarial, recorte administrativo y mayor recaudo por otras vías. La pregunta decisiva es: ¿Quién termina soportando el costo neto?.
Ese interrogante no es menor para la clase media. El proyecto del Presidente De La Espriella amplía la base de personas naturales sujetas al impuesto de renta, modifica tratamientos de IVA y plantea cambios en aportes a salud, aunque el Gobierno anuncia devoluciones de IVA para hogares vulnerables y defiende que protegerá productos esenciales, la distribución final depende de los umbrales, compensaciones y tarifas que sobrevivan al trámite legislativo, en otras palabras, no basta con anunciar que se reducen impuestos a las empresas: hay que calcular cuánto pagan hogares, asalariados y consumidores.
En Hacienda también hay un contraste de perfiles. Germán Ávila, último ministro de Hacienda de Petro, llegó al cargo en marzo de 2025, después de la salida de Diego Guevara; economista, con trayectoria en vivienda popular y en el sector financiero público, mantenía además una relación política de larga data con el Expresidente. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda del Presidente De La Espriella, trae experiencia en Bancóldex, Fasecolda, el Congreso y la diplomacia, con una trayectoria más ligada al mundo gremial y empresarial. Ambos deben responder al mismo examen: credibilidad fiscal y capacidad de ejecución.
La diferencia entre los dos ministros no debe reducirse a etiquetas ideológicas, Ávila defendió una estrategia de ingresos para sostener el presupuesto de Petro, mientras Gómez debe conciliar la promesa de bajar impuestos con un déficit que el propio Gobierno considera urgente corregir. El primero tuvo que lidiar con el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento de 2025; el segundo presenta una ley de rescate que también necesita mayorías y que ya despierta reparos por sus efectos sobre consumidores y trabajadores. La realidad fiscal limita a ambos discursos.
La comparación política más sugestiva está en los ministros del Interior, Armando Benedetti fue una pieza central del engranaje político de Petro: conocedor del Congreso, negociador experimentado y figura de alto voltaje, capaz de abrir canales, aunque su estilo y controversias también generaron costos político, Alejandro Ordóñez, designado por De La Espriella el 21 de octubre en reemplazo de Rodrigo Lara, llega con otro capital: trayectoria jurídica, experiencia como procurador y una identidad conservadora muy marcada, su fortaleza es la claridad doctrinaria; su desafío, construir interlocución más allá de los convencidos.
Benedetti y Ordóñez representan, por tanto, dos maneras distintas de entender la gobernabilidad. El primero encarna la política de operación, negociación y manejo de relaciones parlamentarias; el segundo, una autoridad asociada a principios, convicciones y confrontaciones ideológicas que han definido buena parte de su vida pública. Ninguno garantiza por sí solo la aprobación de reformas, en un Congreso fragmentado, el Gobierno necesita contar votos, escuchar objeciones, ceder en artículos y sostener acuerdos verificables, la disciplina de bancada ayuda, pero no sustituye la construcción de consensos ni la legitimidad pública.
Al final, el contraste entre Petro y De La Espriella deja una lección menos cómoda que la disputa entre izquierda y derecha: gobernar exige recaudar con justicia, gastar con rigor y negociar sin convertir al contradictor en enemigo. Ávila y Gómez tendrán que demostrar que sus cuentas resisten el escrutinio; Benedetti y Ordóñez, que sus métodos pueden producir acuerdos y no solo titulares. Si el nuevo Gobierno termina aplicando impuestos que antes cuestionó y reemplaza al operador político por un símbolo de polarización, su prueba no será ideológica: será explicar por qué prometió una ruptura y terminó dependiendo de las mismas herramientas y del mismo Congreso.
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