El representante Miguel Ángel Pinto lanzó una alerta sobre la situación financiera de la Fundación Oftalmológica de Santander (FOSCAL), al advertir que la institución podría enfrentar el cierre de sus servicios debido a una deuda aproximada de $600.000 millones. Según el congresista, el 90 % de ese monto correspondería a obligaciones de Nueva EPS, mientras que la situación relacionada con el FOMAG también estaría comprometiendo la continuidad de la atención médica en esta institución santandereana.
A través de un pronunciamiento publicado en la red social X, Pinto señaló que la situación financiera representa una amenaza para la prestación de servicios de salud y podría dejar sin atención a cientos de pacientes. El representante manifestó su preocupación por las personas que dependen de la clínica para recibir consultas, procedimientos y tratamientos vitales, así como por las consecuencias laborales que tendría un eventual cierre de la institución.
La alerta adquiere relevancia por el alcance regional de los servicios que presta la FOSCAL. De acuerdo con el congresista, la institución atiende a miles de personas procedentes de Santander, Cesar, Boyacá y Norte de Santander. Por esta razón, advirtió que una eventual suspensión de sus actividades no afectaría únicamente a los pacientes del departamento, sino que tendría repercusiones en diferentes territorios y agravaría las dificultades que enfrenta el sistema de salud.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la deuda que, según Pinto, mantiene comprometida la operación de la clínica. El representante atribuyó a Nueva EPS el 90 % de las obligaciones económicas mencionadas y también señaló al FOMAG como parte de la situación que estaría poniendo en riesgo la continuidad institucional. Sin embargo, su publicación no presenta un desglose detallado de las acreencias, los periodos adeudados ni los compromisos específicos de cada entidad.
El congresista también puso el foco en las consecuencias que podría tener esta situación para los trabajadores de la institución. Además de los pacientes que requieren atención permanente, un eventual cierre generaría incertidumbre para el personal vinculado a la clínica. La advertencia plantea así dos dimensiones de la problemática: la continuidad de los servicios médicos para miles de usuarios y la estabilidad laboral de quienes participan en la prestación de esos servicios en la región.
En su mensaje, Pinto sostuvo que la crisis no fue resuelta por la administración anterior y dirigió un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que se busque una alternativa antes de que la situación llegue a un punto crítico. El representante pidió una intervención que permita encontrar una salida financiera y evitar que la institución pierda su capacidad de atención, teniendo en cuenta el número de pacientes que dependen de sus servicios en varios departamentos.
La preocupación expresada por el congresista se suma al debate sobre las dificultades financieras de las instituciones prestadoras de servicios de salud y sus efectos en la atención de los usuarios. En este caso, la cifra aproximada de $600.000 millones señalada en la publicación dimensiona la gravedad de la situación denunciada. No obstante, el pronunciamiento no establece una fecha de cierre ni confirma que la clínica haya suspendido sus actividades, por lo que el escenario planteado corresponde a una advertencia sobre un riesgo potencial.
La situación de la FOSCAL pone sobre la mesa la necesidad de esclarecer el estado de las obligaciones financieras mencionadas y establecer mecanismos que permitan garantizar la continuidad de los servicios. Mientras se conocen respuestas de las entidades señaladas y de la propia institución, el representante Miguel Ángel Pinto insistió en la urgencia de encontrar una solución. El llamado busca evitar que las dificultades económicas terminen afectando a los pacientes, sus tratamientos y la atención médica de toda la región.
