La soberbia tiene fecha de vencimiento, y el caso de Rodrigo Lara es una muestra de ello. Mientras algunos lo consideraban intocable, yo advertí que no llegaría a seis meses en el Ministerio del Interior, hoy, su salida contrasta con la seguridad de quienes confundieron sus supuestas conexiones políticas con una garantía de continuidad.
Siempre me pareció que a Lara le sobraba pedantería y le faltaba capacidad para entender que un cargo público exige mucho más que una actitud de superioridad. En política, no basta con creerse indispensable: hay que demostrarlo con resultados, capacidad de gestión y respeto por quienes comparten la responsabilidad de gobernar.
Lo más revelador de este episodio es recordar a quienes hasta ayer, aseguraban de manera desafiante que Lara era intocable e inamovible que estaban en el error. Personas que se decían cercanas a Armando Benedetti decían ayer precisamente en tono amenazante que Lara le pedía favores a su antecesor con una seguridad que hoy merece, cuando menos, una explicación, ¿Qué pasó con aquellas certezas?, ¿Hoy que dirán quienes ayer se ufanaban en los pasillos del Congreso de decir que Hitler y Rodrigo los protegían de sus fechorías?.
La política colombiana está llena de personajes que presumen de sus contactos y confunden la cercanía con los poderosos con la capacidad de influir en sus decisiones, pero una cosa es tener acceso a los círculos del Gobierno y otra muy distinta garantizar la continuidad de un funcionario. Los hechos terminan poniendo a prueba las credenciales políticas que algunos exhiben con tanta seguridad.
Mientras se define la llegada de Alejandro Ordóñez para asumir en propiedad el Ministerio del Interior, el ministro de Justicia, Iván Cancino estará encargado temporalmente de esa cartera. Habrá que observar cómo se desarrolla esta transición y qué orientación tendrá el Ministerio bajo la futura dirección de Ordóñez.
Este episodio también invita a examinar con atención las redes de influencia y las prácticas burocráticas que puedan haberse mantenido entre la administración de Gustavo Petro y el actual Gobierno. No se trata de señalar culpables sin pruebas, sino de exigir transparencia sobre los nombramientos, las decisiones administrativas y los intereses que puedan estar detrás de ellos, si existen indicios de irregularidades o de uso indebido de recursos públicos, las autoridades competentes deben investigarlos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Quienes ocupan cargos públicos deben entender que sus vínculos políticos no los eximen del escrutinio ciudadano, las relaciones personales, los respaldos partidistas y las cuotas burocráticas no pueden estar por encima del interés general. Toda señal de posible conflicto de intereses merece aclaración, y cualquier irregularidad demostrada debe tener consecuencias, sin privilegios ni excepciones.
La salida de Lara deja una lección que va más allá de un relevo ministerial: los contactos no garantizan la permanencia ni la soberbia compra respeto. Al final, la pedantería pasa factura y el poder dicta sentencia. La decisión tomada por el Presidente De La Espriella frente al petulante Lara es de aplaudir.
Columna de. Juan Pablo Castillo
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