La Procuraduría General de la Nación estableció lineamientos para avanzar en la sustitución segura y progresiva del asbesto instalado en Colombia, mediante la Directiva 009 del 9 de abril de 2026. La medida busca fortalecer las acciones institucionales dirigidas a prevenir y mitigar los riesgos asociados con la exposición a esta sustancia, además de proteger la salud de las personas potencialmente afectadas. La iniciativa plantea la necesidad de coordinar esfuerzos entre diferentes entidades nacionales, regionales y locales para desarrollar una respuesta integral.
La directiva fue dirigida a un amplio grupo de entidades públicas, entre ellas el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Trabajo, Comercio, Industria y Turismo, Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación. También fueron incluidos el SENA, la Superintendencia de Industria y Comercio, la DIAN, la Agencia Nacional de Minería y Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre otras autoridades.
El Ministerio Público también extendió sus lineamientos a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, autoridades ambientales urbanas, secretarías de Ambiente municipales y distritales, establecimientos públicos ambientales, gobernaciones y alcaldías. La Procuraduría busca que estas instituciones incorporen acciones de prevención, seguimiento y control dentro de sus respectivas competencias. La coordinación resulta necesaria debido a la presencia histórica del asbesto en diferentes actividades y materiales, así como a los riesgos que representa su manipulación o exposición inadecuada.
La Directiva 009 pretende fortalecer la aplicación de la Ley 1968 de 2019 y prevenir posibles incumplimientos del régimen de prohibición del asbesto. Entre las acciones señaladas se encuentran el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control, además de la aplicación de sanciones cuando corresponda frente a actividades relacionadas con la explotación, producción, exportación y comercialización del mineral. De esta manera, la Procuraduría plantea una actuación institucional que combine prevención, control y cumplimiento de las disposiciones vigentes.
La actuación del Ministerio Público también se relaciona con la necesidad de establecer mecanismos para atender el asbesto que permanece instalado en diferentes infraestructuras. La sustitución no solo plantea el desafío de retirar materiales existentes, sino de hacerlo bajo condiciones que reduzcan los riesgos para trabajadores, comunidades y autoridades encargadas de las intervenciones. Por esa razón, la directiva promueve una sustitución segura y progresiva, acompañada de medidas destinadas a prevenir nuevos escenarios de exposición y fortalecer la protección de la población.
A partir de los lineamientos formulados por la Procuraduría, el Gobierno nacional adoptó el CONPES 4211 de 2026. Este documento establece una hoja de ruta nacional orientada a avanzar en la modificación segura y progresiva del asbesto y a fortalecer las acciones relacionadas con la protección de la salud pública y la preservación ambiental. La adopción del instrumento de política pública representa la incorporación de estos objetivos dentro de una estrategia nacional que involucra diferentes sectores y niveles de la administración.
La Procuraduría destacó que la política requiere la participación articulada de las entidades responsables de asuntos ambientales, sanitarios, laborales, productivos, educativos y minero-energéticos. La coordinación permitirá avanzar en acciones de identificación, prevención, vigilancia y control, al tiempo que se desarrollan mecanismos para reducir progresivamente la presencia de materiales que contengan asbesto. El enfoque planteado busca que las decisiones sobre sustitución consideren tanto la protección de las personas como las condiciones ambientales y técnicas necesarias para realizar los procesos de manera segura.
Con la Directiva 009 de 2026 y la posterior adopción del CONPES 4211, Colombia avanza hacia una hoja de ruta institucional para enfrentar los riesgos asociados con el asbesto instalado. La Procuraduría señaló que el propósito central consiste en prevenir afectaciones, fortalecer el cumplimiento de la prohibición y promover una sustitución segura y progresiva. El proceso involucra a autoridades nacionales, regionales y locales, que deberán desarrollar las acciones correspondientes dentro de sus competencias para contribuir a la protección de la salud y del medio ambiente.
