El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció que los ministerios de Defensa y Justicia brindarán asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario también informó que sus familias recibirán apoyo económico mientras avanza el proceso. En el mensaje, De La Espriella señaló que busca garantizar que se establezca la responsabilidad individual de cada uniformado y que se conozcan con precisión las circunstancias del caso.
La decisión presidencial se conoce en medio de la situación judicial que enfrentan militares colombianos señalados por su presunta vinculación con el magnicidio ocurrido en Haití. En septiembre de 2026, familiares de 17 militares colombianos detenidos en ese país habían solicitado al presidente De La Espriella intervenir para buscar su traslado a Colombia, argumentando preocupaciones relacionadas con las garantías del proceso judicial. El contexto había generado solicitudes públicas de acompañamiento institucional para los uniformados y sus familias.
En el mensaje difundido por el jefe de Estado, la asistencia anunciada estará dirigida a facilitar la defensa de los militares mientras se esclarecen los hechos. De La Espriella sostuvo que no se puede atribuir responsabilidad colectiva y planteó la necesidad de establecer qué ocurrió y cuál fue la participación concreta de cada persona investigada. La postura expresada por el mandatario parte de la distinción entre las acusaciones formuladas contra los detenidos y la responsabilidad individual que deberá determinarse dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.
El anuncio también contempla respaldo económico para las familias de los militares detenidos. De acuerdo con el mensaje presidencial, esta medida busca acompañar a los hogares mientras sus familiares enfrentan el proceso judicial fuera de Colombia. El Gobierno plantea así una respuesta institucional que combina asistencia jurídica y apoyo familiar. La decisión deberá desarrollarse a través de los mecanismos correspondientes de las carteras de Defensa y Justicia, en coordinación con las autoridades competentes y dentro del marco de las obligaciones legales del Estado colombiano.
El caso tiene como antecedente el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en Puerto Príncipe en julio de 2021. La investigación internacional vinculó a ciudadanos colombianos con el operativo que terminó con la muerte del mandatario haitiano, y varios exmilitares colombianos permanecen detenidos mientras enfrentan actuaciones judiciales. La situación ha generado durante años preocupación entre familiares, quienes han reclamado avances procesales y condiciones adecuadas para ejercer la defensa de los uniformados señalados por las autoridades.
La posición anunciada por De La Espriella coincide con el respaldo institucional que ha expresado hacia las Fuerzas Militares desde el comienzo de su administración. En agosto de 2026, durante la presentación de la nueva cúpula militar, el presidente afirmó que los integrantes de la Fuerza Pública tendrían respaldo institucional, al tiempo que enfatizó la necesidad de actuar dentro de la Constitución y la ley. Esa línea de acompañamiento ahora se extiende al caso de los colombianos detenidos por la investigación relacionada con Haití.
El Gobierno deberá definir el alcance de la asistencia anunciada y los mecanismos mediante los cuales se proporcionará el acompañamiento jurídico y económico. Mientras tanto, las autoridades judiciales correspondientes deberán establecer los hechos y las responsabilidades individuales que eventualmente puedan derivarse del proceso. La intervención anunciada por el presidente no determina la culpabilidad o inocencia de los militares investigados, sino que plantea la decisión del Ejecutivo de facilitar su defensa y acompañar a sus familias durante el desarrollo de las actuaciones.
Con su pronunciamiento, el presidente De La Espriella afirmó que los militares no serán dejados solos mientras enfrentan las consecuencias judiciales derivadas de la investigación por el asesinato de Jovenel Moïse. El mandatario insistió en que pretende conocer exactamente lo ocurrido y que cada involucrado responda de acuerdo con su responsabilidad individual. La asistencia anunciada abre ahora una nueva etapa de acompañamiento estatal, mientras avanzan los procedimientos destinados a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
